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A este paso, es posible que las denuncias constitucionales contra el presidente Pedro Castillo y su vicepresidenta Dina Boluarte no sean aprobadas por el Congreso este año, debido a que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales avanzan a paso lento estos casos.
El 14 de octubre, la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, dio cuenta de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Castillo. En teoría, a partir de esa fecha, debían correr los 10 días hábiles –que estipula el reglamento del Congreso– para que Camones presente el informe de calificación.
Sin embargo, el 21 de octubre, la Subcomisión acordó que el plazo de los 10 días hábiles recién se cuente desde el 2 de noviembre. Esto significa que el informe se presentará a mediados de este mes.
Luego de ello, en caso sea aprobado, la Comisión Permanente tendrá que debatir dicho dictamen. Si recibe luz verde, le darán 15 días hábiles a la Subcomisión para delegar a un congresista ponente que elabore el expediente final de la denuncia de la fiscal contra el presidente por organización criminal.
Este proceso implica audiencias, en las que el ponente tomará la versión de las partes involucradas, incluido el mandatario. Usualmente demora más.
Este caso determinará si el presidente puede ser acusado durante su mandato o si le aplican un proceso de juicio político, que tiene como máxima sanción la inhabilitación. Tal sanción depende de los votos de dos tercios del total de congresistas, sin contar a los miembros de la Comisión Permanente.
Camones, en conversación con La República, dijo que está evaluando si sumarse a la moción de vacancia o no, luego de presentar su informe. “Es importante no perder imparcialidad en el caso de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra Pedro Castillo”, respondió.
No obstante, este no es el único pendiente en la Subcomisión. En febrero último, el congresista de Acción Popular Wilson Soto había presentado el informe final de la denuncia constitucional de traición a la patria contra el presidente. La bancada de AP sacó a Soto de la Subcomisión. Con ello, el expediente quedó en el aire.
Diego Bazán, legislador de Avanza País, asumió después esa función. Desde ese mes hasta hoy, no lo ha podido sustentar. Primero, por falta de voluntad política, según fuentes del Parlamento, y, segundo, porque la Subcomisión se demoró un mes en elegir en esta legislatura a su nuevo presidente. El 21 de octubre, Bazán le dijo a Camones que está dispuesto a sustentarlo. Camones le respondió que se programará para otra sesión. Al cierre de esta nota, la presidenta de la SAC comentó a este diario que hoy definirán cuándo.
El caso Dina Boluarte contra el reloj
La vicepresidenta Dina Boluarte también tiene una denuncia por infracción constitucional debido a que firmó documentos del Club Apurímac siendo ministra de Inclusión Social.
El 8 de noviembre vence el plazo para que el congresista de Cambio Democrático Edgar Reymundo, quien es ponente en este caso, presente el informe final.
De ser aprobado, el expediente pasa a ser discutido en la Comisión Permanente. En diciembre, los congresistas salen de vacaciones. Es incierto si este proceso culminará este año, salvo que la Mesa Directiva amplíe la legislatura.
La clave
Denuncia. La denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo se basa en presuntos actos de corrupción en este Gobierno. Legalmente aún no está esclarecido si el mandatario puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones.
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