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El enfrentamiento entre la Fiscalía y el Gobierno ha escalado hasta llevar al presidente Pedro Castillo a reconocer otro riesgo de perder el poder. La asunción de Patricia Benavides como fiscal de la Nación gestó un mayor impulso a las investigaciones contra el jefe del Estado que ha producido un nuevo instrumento que amenaza su futuro y que ha entregado al Congreso: la denuncia constitucional.
El giro en las relaciones entre ambas, Poder Ejecutivo y Ministerio Público, se dio con Pablo Sánchez como fiscal de la Nación interino, cuando estableció que sí se podía investigar al presidente de la República y le abrió el primer caso. Antes de ello, la Fiscalía consideraba que la prohibición de acusar al mandatario, salvo infracciones especiales, indicada en nuestra Constitución, implicaba que tampoco podía ser investigado.
Hasta que Benavides tomó la posta. Apenas juró como fiscal de la Nación, mostró que las investigaciones a Castillo serían su prioridad al anunciar la conformación de un equipo especial para los casos de presunta corrupción en el poder, en referencia al jefe del Estado.
Benavides estaba decidida a marcar su trayectoria con estos casos. Ya antes, en el 2019, cuando era fiscal suprema adjunta, saltó a las noticias por pedir en un comunicado al entonces cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que renuncie. Poner contra las cuerdas a un presidente con indicios de corrupción tiene otro peso.
Sin embargo, al sacar a la fiscal Bersabeth Revilla que investigaba a su hermana, la jueza sindicada de favorecer narcotraficantes, y hacer cuestionados cambios en el caso de Los Cuellos Blancos, entre otras decisiones, cayó bajo sospecha.
El Gobierno ha destacado los cuestionamientos a Benavides y la considera una operadora de un tipo de golpe de Estado en confabulación con la oposición más dura en el Congreso.
Los escenarios
Este mes, las versiones de que presentaría una denuncia constitucional contra Castillo se hicieron más fuertes. El jefe del Estado tuvo reuniones con sus abogados para acordar una defensa en ese escenario posible.
El miércoles 5, la bancada de Perú Libre presentó en el Parlamento una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación alegando que cometió abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. El congresista Guillermo Bermejo, de la agrupación Perú Democrático, expresó su apoyo a esta medida.
Juez. Magistrado Checkley ya se pronunció en resolución. Foto: difusión
Ese mismo día, los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, cercanos a Bermejo, demandaron a Benavides ante la Fiscalía aduciendo los delitos de integrar una organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción de la justicia.
Pocos días después, los mismos abogados presentaron otra denuncia contra la fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que nombra, sanciona y destituye a jueces y fiscales. La sindican de intentar obstruir y debilitar la acción de su institución en las investigaciones a sus hermanas.
El lunes 10, el propio Bermejo presentó en el Parlamento otra denuncia constitucional en contra de la cabeza del Ministerio Público por presunta comisión de delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia.
El último miércoles 12, Benavides entregó al Congreso su denuncia constitucional contra Castillo en que lo sindica por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y complicidad en colusión. En su documento, plantea al Legislativo hacer una interpretación flexible de la Constitución que permita acusarlo constitucionalmente, pese a la prohibición expresa de nuestra carta magna. De este modo, la fiscal de la Nación busca avanzar su indagación a una siguiente etapa.
Ante esto, Castillo presentó una demanda acción de amparo al Poder Judicial con la que busca parar un procedimiento en el Parlamento que se genere por la denuncia de Benavides.
La ministra de Cultura y congresista, Betssy Chávez, entregó otra denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación.
La Fiscalía de Corrupción inició indagación a Noblecilla y Atencio porque eran asesores de Bermejo en el Congreso. Señala que eso les impide acciones particulares como sus denuncias.
Lo que dijo un juez es clave para Pedro Castillo
Los abogados del presidente Pedro Castillo decidieron presentar tutela de derechos al juez Juan Checkley para anular la denuncia constitucional al mandatario. Esto porque en resolución anterior, este juez señaló que el presidente de la República solo puede ser acusado por las infracciones que permite la Constitución expresamente en su artículo 117: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso sin autorización y bloquear al Parlamento y los órganos electorales.
Además, acordaron plantear la acción de amparo para proteger los derechos constitucionales del jefe del Estado.
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