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Después de que el Ministerio Público presentara la denuncia constitucional en contra del presidente, Pedro Castillo, su defensa se encuentra preparando la respuesta legal. El abogado Benji Espinoza adelanta parte: una tutela de derechos y una demanda constitucional de amparo (con una medida cautelar para suspender el proceso en el Congreso). También existe la posibilidad de pedir la exclusión de Patricia Benavides como fiscal.
—El Ministerio Público presentó al Congreso la denuncia constitucional contra Pedro Castillo. ¿Cuál va a ser la respuesta de la defensa del presidente?
—Vamos a presentar dos acciones: la primera es la tutela de derechos ante el juez supremo de investigación preparatoria, que debe convocar a una audiencia. Vamos a pedir que se deje sin efecto la denuncia porque contraviene lo que el propio juez expresó en su resolución de tutela de derechos. El juez Checkley dijo que el presidente de la República, durante su periodo, no puede ser acusado constitucionalmente por el Congreso…
—Sí investigado.
—Investigado por la Fiscalía, preliminarmente, pero acusado no, salvo los cuatro supuestos de la Constitución. Esta tutela la debemos presentar jueves o viernes, a más tardar. Le vamos a pedir a Checkley que haga respetar su fallo, porque se estaría afectando el derecho a la tutela judicial. Cuando un juez decide, su fallo debe acatarse y este es un desacato.
—¿Cuál es la otra acción?
—Es una demanda constitucional de amparo que va a cuestionar la afectación a la tutela procesal efectiva al principio democrático y de igualdad, porque se están vulnerando derechos y valores constitucionales, en principio, no solo contra el presidente Castillo, también contra la democracia. Esto se presentará ante un juez constitucional y puede tener hasta tres instancias. Incluso puede llegar hasta el Tribunal Constitucional.
—¿Pero alguno de esos recursos va a poder detener el proceso que se empezará a llevar adelante en el Congreso?
—El amparo lo puede hacer. Si se admite, se puede presentar una medida cautelar de suspensión de procedimiento en el Congreso, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hasta que el amparo no sea resuelto. Eso es posible.
—¿Van a presentar entonces esa medida cautelar?
—Es una posibilidad bastante latente. Pero primero es la tutela y luego viene el amparo.
—¿Es lo único que van a hacer?
—Aparte, presentaremos un escrito ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pidiendo la improcedencia de esta denuncia.
—¿Basado en que la acusación solo es posible por los cuatro escenarios previstos en el artículo 117?
—Ese es un punto. El 117 contempla un delito y tres infracciones constitucionales, y la denuncia es por tres delitos diferentes: colusión, organización criminal y tráfico de influencias.
—¿Qué piensa de que la Fiscalía recurra a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción?
—Es un argumento equivocado, porque de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, que regula el principio de jerarquía normativa, esta prevalece sobre cualquier otra norma legal. La convención tiene rango legal, está por debajo. Los tratados no pueden cambiar lo que dice el artículo 117.
—La Fiscalía argumenta que la convención es un tratado de derechos humanos.
—Ese es un craso error de concepto. Un tratado de derechos humanos es el Pacto de San José, por ejemplo.
—Hay un debate legal en ese punto. Sin embargo, usted sabe, lo que se discutirá en el Congreso tendrá más de político.
—Lo político no puede despreciar lo jurídico, al contrario. Cuando suspendieron a Javier Diez Canseco, él planteó un amparo y se hizo prevalecer lo jurídico. Es una denuncia jurídicamente feble que hace una aplicación del derecho forzada y equivocada. La Fiscalía pide que se haga una interpretación del 117 conforme al artículo 30 de la convención de la ONU. Y, aunque fuese tratado de derechos humanos, que no es, ¿sería autoejecutable? Tampoco. Lo que pretende es que un tratado reforme la Constitución. Si no les parece bien el artículo 117, entonces que lo reformen. Tienen el camino para hacerlo. Le compete al Congreso. Pero no se pueden hacer malabares jurídicos. Esto es una expresión de malabarismo jurídico, no es serio, no es riguroso.
—¿Considera que la Fiscalía quiere presionar al Congreso?
—Por supuesto. Pero, además, la fiscal Benavides dice que hay actos de amedrentamiento en su contra, lo que significa que tenemos a una fiscal que se siente víctima del presidente Castillo.
—¿Dice que sería juez y parte?
—Correcto. Lo que debe hacer, por decoro, es apartarse del caso. No se puede ser agraviada e investigadora neutral.
—¿Van a presentar algún recurso contra la propia fiscal Benavides?
—Lo estamos evaluando. No puede ser juez y parte, y adelantó opinión. Como se considera víctima del presidente, si es que no se excusa, podría haber la posibilidad de pedir su exclusión como fiscal. Es un escenario posible dentro de lo que la ley procesal permite.
—El presidente ha dicho que esto es un golpe de Estado. ¿Usted le recomendó que diga eso?
—No, pero lo escuché. ¿Y qué cosa es entonces? Hay una guerra jurídica contra el presidente, un forzamiento legal de figuras, un derecho penal elástico, afectación a derechos fundamentales, falta de objetividad fiscal, y encima la Fiscalía entra a un terreno que le es impropio, porque no es un actor político. Yo creo que la expresión del presidente tiene correlato con la realidad. Le digo algo más. Yo defiendo a Castillo y a su esposa porque les creo. Pero, si hubiese algo en su contra, como un audio, renuncio.
—Pero usted ya renunció por horas.
—Eso fue diferente, fue por un tema de coordinación que finalmente se resolvió.
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