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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe de calificación contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, que propone declarar procedente las denuncias constitucionales 268 y 269 por haber ejercido como presidenta y representante legal del Club Departamental Apurímac cuando ya asumía funciones como ministra de Estado.
Con 9 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones se aprobó el informe final que contó con el apoyo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular. Por su parte, Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, no hizo uso de su voto.
El informe aprobado en la SAC propone admitir las denuncias de Renovación Popular y de Avanza País, a través de una acumulación, pero no se aceptó la del ciudadano César Candela, ex funcionario de segundo gobierno de Alan García. El informe aprobado señala que existiría una posible infracción de la titular del MIDIS al artículo 126 de la Carta Magna.
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Contraloría informó sobre presunta infracción constitucional
El 20 de mayo, la Contraloría General de la República remitido un informe al Congreso donde dio cuenta sobre una presunta infracción constitucional cometida por parte de la primera vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. El documento también fue enviado a la integrante del Ejecutivo.
El informe advierte una presunta infracción del artículo n.° 126 de la Constitución Política del Perú, el cual señala lo siguiente: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. (…) Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
En concreto, se acusa a Dina Boluarte de haber intervenido en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac mientras ostentaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Esto representaría una presunta infracción a la Constitución por realizar labores externas en el ámbito privado mientras era una funcionaria pública.
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