Procuraduría pidió al PJ ser parte agraviada en proceso por campaña por el ‘NO’ a la revocatoria de Susana Villarán



La defensa legal del Estado peruano precisó la pretensión patrimonial que persigue, el perjuicio atribuido a cada investigado en relación con el delito que se le imputa y las razones que sustentan su legitimidad procesal para solicitar una reparación civil en este caso.

La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial que ordene su incorporación como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria seguida a las excongresistas Marisa Glave y Ana Elena Towsend, el exministro Jorge Nieto y otros por la campaña por el “NO” a la revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el 2013.

Mediante un escrito, la defensa legal del Estado peruano precisó la pretensión patrimonial que persigue, el perjuicio atribuido a cada investigado en relación con el delito que se le imputa y las razones que sustentan su legitimidad procesal para solicitar una reparación civil en este caso.

Al respecto, los abogados de Marisa Glave, de Ana Elena Townsend y de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, presentaron escritos en los que formulan oposición a la solicitud que hizo la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato dentro de este proceso penal.

Ante ello, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para el miércoles 5 de marzo a las 3:00 p. m. una audiencia virtual para evaluar está solicitud de constitución en actor civil con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

Si dicho juzgado declara fundada dicha solicitud, dicha Procuraduría solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le pueda imponer a estos investigados de ser hallados culpables de los cargos que les atribuye la Fiscalía. 

Está investigación preparatoria que realiza el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato gira en torno a la distribución de presuntos aportes económicos ilegales por la suma de 530 000 dólares por parte de las empresas brasileñas Odebrecht y O.A.S para financiar la campaña por el “NO” a la revocatoria de la entonces alcaldesa Susana Villarán en 2013.

La medida fue adoptada el 12 de julio del 2023 por el fiscal Walter Villanueva, quien incluyó en esta investigación preparatoria a los exregidores municipales Jaime Salinas López Torres, Zoila Elena Reátegui Barquero y Carlos Enrique Juscamaita Aranguena por el mismo cargo.

El magistrado también comprendió en esta nueva investigación preparatoria a la exalcaldesa Susana Villarán, el exfuncionario de la comuna capitalina Gabriel Prado Ramos y también a Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde y a Álvaro Espinoza Benza, además de la Fundación “Unidos para Transformar” también por el presunto delito de lavado de activos.



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