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El 2024 fue el año en que el Congreso intentó trastocar las reformas aprobadas vía referéndum y las que recibieron luz verde hace cinco años en el Pleno. El artífice de ese paquetazo de leyes fue el fujimorismo desde la presidencia de la Comisión de Constitución.
En marzo de este año, el Pleno aprobó con 91 legisladores a favor en segunda votación el retorno a la bicameralidad. Una reforma constitucional que trae bajo el brazo la posibilidad de que los actuales legisladores postulen a ser diputados o senadores en las elecciones generales del 2026.
La primera votación con 93 congresistas a favor fue en diciembre del 2023 cuando la presidenta de la Comisión de Constitución era la fujimorista Martha Moyano. Antes, en dos oportunidades, esta reforma constitucional no había llegado a obtener los 87 votos que se exige, como mínimo, para que no sea sometida a referéndum.
Era evidente que en una consulta popular la bicameralidad y la reelección congresal iba a ser rechazada. Así que los congresistas de Fuerza Popular presentaron dos reconsideraciones para volver a votar esta ley hasta superar los 87 votos. Y lo lograron.
En 2018, el 90.3% del país le dijo que no a la bicameralidad debido a que salió a la luz que venía con una trampa para que los legisladores postulen a la reelección como diputados y senadores.
El Congreso al final dio luz verde a esa fórmula, contrario a lo decidido por la población.
Con la bicameralidad, en 2026 habrá 130 diputados y 60 senadores. Para el 2031, serán 237 parlamentarios como mínimo. El retorno a las dos cámaras legislativas, provocará que el Congreso requiera el 0.6% del presupuesto nacional y que el próximo año compre un edificio en el Centro de Lima por US$ 13 millones.
Otro tema que no pasó por alto este año fue el financiamiento de partidos políticos.
Reformas modificadas
En 2019, el Congreso había aprobado el financiamiento público para las agrupaciones que logren representación en el Parlamento. La mitad del dinero entregado iba a ser para la formación, capacitación e investigación, y la otra mitad para gastos ordinarios.
La semana pasada, sin embargo, el Pleno aprobó una ley para que el presupuesto para gastos ordinarios también pueda ser usado para pagar a los abogados de los partidos políticos, sus líderes y sus dirigentes.
Una de las agrupaciones promotoras de esta norma fue Fuerza Popular, que tiene a su lideresa Keiko Fujimori afrontando un juicio por el caso Cócteles.
La ley también contempla que que regrese el financiamiento privado de partidos políticos. Los aportes tendrán un tope de 200 UIT y organizaciones del extranjero podrán aportar para las actividades de formación, capacitación e investigación.
La norma aún está pendiente de segunda votación. Esa decisión sería tomada por la Comisión Permanente la primera semana de enero del próximo año.
Otra contrarreforma perpetuada por este Congreso es la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Los partidos políticos no estarán obligados a realizar sus comicios internos con esta modalidad y podrán optar por el sistema de un militante un voto o mediante la asamblea de delegados.
La última modalidad consiste en que las cúpulas elijan a los candidatos de los partidos políticos.
Las PASO es una reforma que fue aprobada en el Congreso en 2019 y fue impulsada por el gobierno de Martín Vizcarra, pero los actuales parlamentarios la eliminaron.
La eliminación de las primarias obligatorias fue aprobada en diciembre del 2023 y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte en enero de este año.
Además de las reglas electorales, también estuvo en la mira el sistema judicial.
Ataque a la JNJ
Este año, la congresista de Honor y Democracia, Gladys Echaiz, presentó un proyecto de ley para eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que nombra, ratifica y destituye jueces y fiscales.
Su propuesta, además, le encarga al Congreso la elección de los jefes de la ONPE y del Reniec, una competencia que actualmente es de la JNJ.
La JNJ fue creada vía referéndum con el apoyo del 86.6% del país para reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tras el escándalo por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
En dos oportunidades, la propuesta de Echaiz iba a ser sometida a votación en el Pleno, pero como no había los 87 votos necesarios, su debate se ha pospuesto. El dictamen está sobre la mesa y será vuelto a discutir cuando el fujimorismo consiga los dos tercios.
Así culmina un 2024 plagado de modificaciones a las reglas electorales y ataques al sistema judicial.
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