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De 16 congresistas que fueron denunciados por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso, solo uno ha sido acusado en el Pleno en lo que va de este año 2024.
La única legisladora sancionada fue la exfujimorista María Cordero Jon Tay, sindicada por presunto recorte de sueldos. El 14 de marzo de este año, el Pleno del Congreso aprobó suspenderla mientras duren las investigaciones.
En abril del 2023, su colega fujimorista Martha Moyano la denunció por ello. En noviembre de ese año también lo hizo la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El Congreso dio luz verde a levantarle el antejuicio político para que el Ministerio Público profundice con las pesquisas.
Luego de su suspensión, la reemplazó su accesitaria de Fuerza Popular Magally Santisteban.
En cambio, los demás procesos avanzan a paso lento.
Caso Los Niños
El 16 de mayo del año pasado, la exfiscal Benavides presentó una denuncia constitucional contra los congresistas de Podemos Perú, Jorge Flores y Darwin Espinoza, y de Acción Popular, Elvis Vergara y Raúl Doroteo, por presunto tráfico de influencias en el caso Los Niños. Luego de casi dos años, el caso todavía no está resuelto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC).
Tres de los parlamentarios sindicados afrontan otras investigaciones. El Ministerio Público presentó denuncias constitucionales contra Flores y Doroteo por presunto recorte de sueldo.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, envió la semana pasada una denuncia contra el legislador Espinoza por presuntamente haber pedido aportes voluntarios a sus trabajadores y usarlos para juntar firmas en la inscripción del Movimiento Regional Adelante Áncash.
Denuncias sobre presunto recorte de sueldo
La titular del Ministerio Público, asimismo, denunció a la congresista de Acción Popular, Marleny Portero, también por presunto recorte de sueldo.
Este mes, la subcomisión admitió a trámite la denuncia constitucional del fiscal Villena contra el legislador de Podemos Perú, José Arriola, por presunto recorte de sueldo. La imputación había sido formulada en agosto. La investigación recién avanza.
Otro caso sobre presunta concusión es contra la parlamentaria de Podemos Perú Heidy Juárez. El fiscal Villena la denunció en marzo y recién en noviembre la Comisión Permanente aprobó darle 15 días a la subcomisión para que apruebe un informe final.
Ese mes también fue admitida a trámite una denuncia constitucional contra el legislador de Podemos Perú Edgar Tello, acusado de mochasueldo. Tello, además, afronta una indagación de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias.
La bancada de APP tiene integrantes investigados por presunto recorte de sueldo. El 25 de abril, el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, denunció a la congresista Magaly Ruiz por presunta concusión. El 19 de julio, presentó otra acusación constitucional contra ella por presunto tráfico de influencias.
El 1 de marzo, Villena presentó una denuncia constitucional contra la legisladora apepista Rosio Torres por presunta concusión. Este caso es uno de los más avanzados. Este mes hubo una audiencia en la SAC y falta que el congresista delegado Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial, presente su informe para acusarla.
Otros investigados
El 10 de mayo la fiscal Delia Espinoza presentó una denuncia constitucional contra la congresista Patricia Chirinos por el caso Jaime Villanueva.
Su colega de Avanza País, Rosselli Amuruz, también afronta una imputación de la Fiscalía de la Nación por presuntas contrataciones irregulares de personajes allegadas a su pareja, el excongresista acciopopulista Paul García.
El 6 de diciembre, la fiscal Espinoza le envió un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, pidiéndole agilizar 16 denuncias constitucionales del Ministerio Público. En la lista figuran las interpuestas contra los congresistas David Jiménez, de Fuerza Popular, y María Córdova Lobatón, de Renovación Popular, por presunto peculado.
Esa lista, además, menciona una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, debido a una presunta designación irregular del exfiscal Juan Carrasco como ministro del Interior. El caso también involucra al congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, porque fue premier en el gobierno de Castillo
Es una incógnita si habrá resultados en estas indagaciones el próximo año.
APP presidió subcomisión estos tres años
Todas las denuncias constitucionales que presenta la Fiscalía de la Nación contra altos funcionarios son enviadas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC).
La actual presidenta de esta comisión es la congresista de APP, María Acuña.
En este Congreso, la SAC estuvo presidida por congresistas apepistas. Antes de Acuña, estuvieron Lady Camones y Rosío Torres. Esta última es investigada por presunto recorte de sueldo.
Criterio selectivo del Congreso
Mientras que los congresistas gozan de impunidad, hay otros casos que sí avanzaron. La coalición que gobierna el Congreso inhabilitó de la función pública a la fiscal suprema Zoraida Ávalos y a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez.
Los tres altos funcionarios recurrieron al sistema judicial para presentar acciones de amparo y defender sus derechos. Al final, la decisión del Congreso fue revertida.
La semana pasada, el Pleno inhabilitó al exministro de Salud, Víctor Zamora, por haber utilizado pruebas rápidas en la pandemia de la Covid -19.
Además, el Parlamento también busca acusar al expresidente Martín Vizcarra y al expremier Salvador del Solar por la disolución del Congreso del año 2019.
Cuando se trata de sus detractores, en los Pasos Perdidos son rigurosos, pero con sus aliados o representantes, se hacen la vista gorda.
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