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Los miembros de la Mesa Directiva y sus aliados han salido en bloque a rechazar la posibilidad de que sea presentada una moción de censura del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso), debido al escándalo sobre una presunta red de prostitución en esta institución.
El segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón (Perú Libre) cuestionó que se pretenda censurar a su colega Eduardo Salhuana. “Habría que tener la investigación respectiva, es muy prematuro lanzar ese tipo de afirmaciones que tratarían de desestabilizar la mesa”, manifestó.
El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero (Avanza País) se pronunció en la misma línea. “Me parece prematuro sacar conclusiones hasta que no esté esclarecida esta situación. No está claro quiénes son las personas y parlamentarios involucrados de esta supuesta red”, comentó.
Fuentes del partido político Avanza País contaron a La República que “Cavero tiene miedo que pidan que toda la Mesa Directiva renuncie”.
En el fujimorismo, en cambio, no hay una postura clara. El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, evitó pronunciarse a favor o en contra. “Yo, de manera personal, comento que deberíamos continuar con las investigaciones. Aquí tenemos que ver cómo se está manejando Recursos Humanos del Congreso“, respondió.
Esta respuesta contradice lo expresado por su colega de bancada, Alejandro Aguinaga, quien hace una semana dijo que el viernes 27 de diciembre iba a pedir que Salhuana de un paso al costado de la Mesa Directiva.
El jueves, en declaraciones a RPP, el congresista de Podemos Perú, Carlos Zeballos, reveló que hay un documento de moción de censura y que distintas bancadas vienen recolectando las firmas para presentarla.
“Se está hablando de una censura al presidente del Congreso. Se está viendo entre partidos que están en el centro. Yo he visto a Honor y Democracia, al congresista José Cueto, también hay parte de Podemos Perú un cierto malestar y otras bancadas, como el caso de la bancada de la congresista Ruth Luque, y de Renovación Popular”, expresó Zeballos.
De acuerdo al reglamento del Congreso, son necesarias 20 firmas de congresistas para presentar la moción.
La gestión de Salhuana es cuestionada por el escándalo de la presunta red de prostitución. El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia, fue sindicado en un reportaje del programa Beto a Saber que contrató a la abogada Andrea Vidal para que ella reclute a personal que realice trabajos sexuales en esta institución.
Vidal falleció la semana pasada, días después de ser atacada por sicarios. Cuando estalló el escándalo, el Congreso prescindió de Torres Saravia.
El exfuncionario fue designado como jefe de la Oficina Legal y Constitucional cuando el presidente del Congreso era Alejandro Soto, de APP. En declaraciones a la Comisión de Fiscalización, Torres Saravia dijo que su contratación fue responsabilidad del oficial mayor Giovanni Forno.
Forno fue contratado como oficial mayor también en la gestión de APP. Este año, también fue designada como jefa del Departamento de Recursos Humanos, Haidy Figueroa, una extesorera de APP y militante acuñista.
El oficial mayor admite que designó a Torres Saravia, pero dice que no recuerda quién le entregó su CV. Figueroa, por su parte, es la jefa de la oficina que contrató a las trabajadoras de la Oficina Legal y Constitucional.
Figueroa respondió que esas contrataciones no fueron en su gestión.
El escándalo ha salpicado a la gestión de Salhuana, quien además de prescindir de Torres, ha creado una comisión ad hoc para abrir un proceso disciplinario y administrativo sobre este caso.
La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, ha cuestionado a Salhuana por su pasividad ante este escándalo. Un sector del Congreso ha puesto en la mira, por eso, el desempeño de APP en la presidencia de la Mesa Directiva y apuntan a Salhuana.
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