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El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, dedicó unos momentos a declarar sobre la nueva Ley 32181, promulgada por la presidenta Dina Boluarte, la cual anularía la facultad de jueces y fiscales para efectuar la detención preliminar cuando no se presente flagrancia alguna. Para el titular de la Mesa directiva del Congreso y miembro de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), la medida debe ser rectificada.
“Tengo la misma preocupación. Ya hemos dispuesto al equipo de la presidencia que nos haga una revisión de esa norma, porque tiene aspectos positivos, pero en cuanto al tema de la detención preliminar, me parece que debemos rectificar”, indicó.
Salhuana consideró que la disposición complementaria derogatoria promulgada por la presidenta solo dificulta el ejercicio de la justicia contra los delincuentes. Por ello, consideró que es necesario revisar cuanto antes la iniciativa: “No permitir la detención preliminar a quienes no están en flagrancia me parece que va a limitar el accionar de la justicia. Creo que es un tema que hay que revisar y rectificar”, aseguró.
Sobre los mecanismos a utilizar en la rectificación, Salhuana consideró que es tarea del Congreso de la República presentar un proyecto de ley que contrarreste los efectos generados por la disposición promulgada por la mandataria, ya que este medio tendría mayor celeridad en su resolución.
“Si lo presentan, el problema es que las comisiones lo dictaminen. Estamos viendo los mecanismos en este momento para agilizarlo. Porque una demanda ante el TC es mucho más largo, ¿no? Lo más prudente y rápido es un proyecto de ley que corrija ese detalle”, finalizó.
Congresista Ruth Luque presentó un proyecto de ley para restablecer la detención preliminar
El gobierno de Dina Boluarte aprobó una disposición que elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia, lo que significa que las personas que cometan delitos no serán detenidas de forma preventiva si las autoridades solo son notificadas después de que el delito haya ocurrido. Esta medida ha generado una fuerte oposición en diferentes sectores de la sociedad. En respuesta, la congresista Ruth Luque presentó un proyecto de ley para anular dicha disposición, respaldada por las firmas de los parlamentarios Sigrid Bazán, Edgard Reymundo y Susel Paredes, todos ellos miembros de la bancada Bloque Democrático Popular.
La propuesta de Luque tiene como objetivo principal derogar la Ley 32181 y restaurar el marco legal original. En la autógrafa del proyecto, se explica que la iniciativa busca garantizar que las medidas restrictivas de derechos, como la detención preliminar y la prisión preventiva, puedan aplicarse tanto en casos de flagrancia (cuando el delito se está cometiendo o acaba de suceder) como en casos de no flagrancia (cuando el delito ya ha sido consumado, pero existen pruebas suficientes para proceder).
Para lograr estos objetivos, Luque propone restablecer todas las normas que fueron derogadas por la medida del gobierno de Boluarte. Ante esta situación, la parlamentaria solicitó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que el proyecto sea debatido directamente en el Pleno, sin pasar por las comisiones correspondientes. La solicitud fue aprobada en la junta de portavoces, por lo que el proyecto será discutido y votado directamente en el Pleno del Congreso.
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