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Según el contenido en detalle de la Ley de Presupuesto Público del Año Fiscal 2025, que presentó el Ejecutivo y aprobó el Congreso, se ha considerado el financiamiento de cuatro cuantiosos proyectos de las Fuerzas Armadas por un total de S/12.970 millones. Al cambio previsto por el Ejecutivo (S/3,79 por sol), la cifra sería superior a los US$3.422 millones.
Encabeza la lista la adquisición de 24 aviones de combate por S/7.580 millones, lo que representa el 58% del total de los cuatro proyectos. También se ha comprendido la compra de dos aviones de transporte militar para la Fuerza Aérea por S/222.6 millones.
Por ambas contrataciones,la FAP recibirá S/7.803 millones. Esto es, el 61% de todos los proyectos definidos para el próximo año presupuestal.
En el caso de la Marina, se le ha asignado S/4.872 millones para una primera fase de la construcción de un buque multirrol, una patrullera oceánica tipo OPV y dos unidades auxiliares de transporte logístico, a cargo de la empresa Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú) y Hyundai Heavy Industries (HHI).
En realidad, el proyecto es más amplio, como se verá adelante. Respecto al Ejército, se le dio visto bueno a la ejecución del programa del sistema de artillería JUCRAM, valorado en S/294.9 millones.
Se trata de una de las mayores inversiones en adquisición en equipos de defensa en casi 30 años. Y es una expresión de las buenas relaciones entre el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y los institutos castrenses, desde que asumió el mandato con el apoyo del Congreso, luego del frustrado golpe de Pedro Castillo.
INVERSIÓN. La compañía Hyundai Heavy Industries ganó la licitación para construir con el SIMA buques y patrulleras.
Un primer avance
Los S/7.580 millones asignados en el presupuesto del año 2025, representan el 57% del total previsto (quedarían pendientes S/5.685 millones) para la flota de 24 cazas nuevos que reemplazarán a los franceses Mirage M2000 y los rusos MiG-29 y Sukhoi Su-25.
Al cambio, los S/7.580 millones llegarían a US$2.000 millones. El presupuesto para la compra es de US$3.500 millones. Faltarían para cancelar US$1.500 millones.
Mientras en el Congreso se debatía los términos de la Ley de Presupuesto Público del Año Fiscal 2025, oficiales de la Fuerza Aérea y autoridades del Viceministerio de Recursos para la Defensa sostuvieron varias reuniones con representantes de las empresas fabricantes de las tres aeronaves en las que está interesada la FAP: Dassault, de Francia; Lockheed Martin, de Estados Unidos; y Saab, de Suecia.
Además de conocer con precisión las cualidades de cada aeronave de guerra (F-16 Block 70 Viper, de Lockheed Martin; Rafale F3R, de Dassault; y Gripen E/F, de Saab), los funcionarios peruanos manifestaron especial interés por saber los términos de las Compensaciones Industriales y Sociales Offset derivadas de las contrataciones que ofrecen las compañías constructoras.
Hace pocos meses, el 11 de septiembre, el Ministerio de Defensa justamente modificó algunos términos de las políticas de compensación, incluyendo transferencia tecnológica. A no todas las empresas les entusiasma la idea de fabricar algunos de sus componentes en los países contratistas.
Respecto a los dos aviones de transportes militar, la FAP ha previsto el Boeing 737 sea 700 u 800. El monto aprobado de S/294.9 millones corresponde a aeronaves de segundo uso.
El Ministerio de Defensa suscribirá un acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con la finalidad de otorgarle la facultad de organizar una licitación y estudiar las ofertas de los postores. El contrato estará a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA).
PROYECTO. Un modelo de vehículo lanzador de cohetes de la fábrica china Norinco.
Los otros grandes contratos
En 2013, el Ejército compró a la compañía china Norinco, como parte del programa JUCRAM, un sistema de artillería compuesto por 27 vehículos con lanzadores y 580 cohetes de 40 kilómetros de alcance. En 2024, recibirá S/222.6 millones para completar el proyecto que comprende 40 vehículos con lanzadores múltiples de corto alcance, 4.200 cohetes de un alcance de 40 kilómetros y otros 600 cohetes de 50 kilómetros de alcance. Pero no necesariamente el proveedor será Norinco.
Serán invitadas otras compañías de Estados Unidos e Israel –se descartó a la Federación Rusa y a Ucrania debe al conflicto en el que se encuentran–, entre otras, para que presenten sus ofertas. La contratación estará a cargo de la ACFFAA, cuyo titular es, por coincidencia, un exoficial del Servicio de Material de Guerra del Ejército (SMGE), el general de brigada EP (r) Aldo Cornejo Valverde, nombrado por la presidenta Boluarte.
Para la Marina de Guerra, los S/4.872 millones asignados para 2025 supone un espaldarazo al proyecto de construcción naval entre SIMA y Hyundai Heavy Industries (HHI). El plan completo incluye seis buques multirrol, tres patrulleros oceánicos, cuatro patrulleras marítimas, cuatro buques auxiliares de litoral, cuatro submarinos y dos petroleros. La ejecución del proyecto ha iniciado con buque multirrol, una patrullera oceánica y dos unidades auxiliares de transporte logístico.
Con los significativos montos de estos cuatro proyectos para 2025, se marcará un antes y un después en la inversión dedicada al equipamiento militar.
LA VISTA. La FAP recibirá S/222 millones para adquirir dos Boeing de segundo uso.
Despiece
La Contraloría deberá redoblar sus antenas
● Durante el actual Gobierno, la Contraloría General de la República ha emitido informes sobre potenciales irregularidades en la ejecución de contratos.
● Ha sucedido en el caso del Ejército en el cumplimiento del programa de mantenimiento mayor de helicópteros.
● También se han encontrado deficiencias en la compra de 10.000 fusiles de asalto Arad 7 que la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME)
adquirido a la empresa Industrias de Armas de Israel (IWI, por sus siglas en inglés).
● La Contraloría también reportó el presunto aumento del presupuesto para la modernización de cuatro submarinos, lo que consideró como una “situación adversa”.
● Al momento de sustentar el presupuesto para el sector Defensa, el Ejecutivo garantizó la transparencia de los procesos como prevención para eventuales
actos de corrupción.
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