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De acuerdo con Manuel Rodríguez Cuadros, embajador y excanciller, la situación actual ha pasado a la categoría de insostenible. En esas circunstancias, dice, lo que se necesita es un Gobierno de transición –o temporal- que garantice unas elecciones razonablemente limpias y democráticas y detenga la descomposición institucional que los peruanos atestiguan día a día. En esta entrevista ahonda en su propuesta que si bien puede sonar atractiva presenta la ironía insalvable de que tal impulso renovador tendría que salir desde un Congreso que es el corresponsable directo de la crisis. También responde sobre su pasado como embajador peruano ante Naciones Unidas durante el periodo de Pedro Castillo, algo que sus críticos le recuerdan con frecuencia.
Ha escrito en un artículo que el gobierno de Dina Boluarte perdió legitimidad, que abdicó en su capacidad de gobernar y que la crisis es insostenible. Ese diagnóstico se escucha desde hace buen tiempo. ¿Qué ha cambiado?
La intensidad de la crisis. Políticamente, cada día que pasa la pérdida de legitimidad del Gobierno ya no solo se expresa en las encuestas, sino que empieza a manifestarse en la fatiga e intolerancia por parte de la población. Las actitudes de ciudadanos respecto de parlamentarios y de la propia presidenta muestran este hastío. El Gobierno ha abdicado en su capacidad de gobernar por incompetencia. Es dramático que en el país el narcotráfico y la minería ilegal tengan acceso al poder político y sean parte de la estructura gubernamental. Por eso en el exterior hay mucha preocupación. No puede haber confianza en un Gobierno que establece formas clarísimas de cogobierno con estructuras ilegales e inclusive criminales.
¿Ya llegamos al límite?
El límite puede provenir de dos acontecimientos. Pablo Macera decía que en el Perú lo único permanente es la geografía cambiante de los huaycos y el aluvión. Acá puede pasar cualquier situación por equis razones, como una expresión de movilización popular.
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Ya la hubo.
No en la intensidad que se requeriría para que constituya un punto de quiebre.
Discrepo. Entre el 2022 y 2023 hubo 49 asesinados en las protestas.
Ah, no, no, por supuesto, eso es gravísimo y es una responsabilidad histórica que no va a quedar, de ninguna manera, impune. Ahora bien, estamos muy cerca del proceso electoral y si uno toma en cuenta las conductas electorales en el Perú, sectores de la oposición que son cogobierno en este momento van a buscar diferenciarse del Ejecutivo en los próximos meses para no afectar…
¿Su rendimiento electoral?
Su rendimiento electoral. Porque todo lo que se está haciendo es para gobernar desde el Ejecutivo y el Parlamento a partir del 2026. A mi juicio, la ilegitimidad y la magnitud de la crisis va a llevar a que estos sectores decidan generar un espacio distinto, donde el presidente del Congreso -actual o el que se designe—asuma el Gobierno y así ellos se puedan diferenciar de Dina Boluarte. A eso eso yo llamo un Gobierno de transición.
Que nacería de un Congreso profundamente desprestigiado, cuyo interés sería básicamente distanciarse de su aliado por un cálculo electoral. ¿No es demasiado rimbombante, pretencioso, decirle Gobierno de transición?
Es que un Gobierno de transición en cualquier parte del mundo y en todo régimen democrático o no democrático se define no por su orientación y calidades, sino por su temporalidad. ¿Por qué uso la palabra transición? Porque ese Gobierno no debería, en ningún caso, intentar gobernar absoluta y plenamente como si fuese legítimo y continuar con el vaciamiento institucional, con la dación de leyes que amañan el proceso electoral. Debería dedicarse a cuatro cosas específicas: convocar a elecciones, asegurar con cooperación internacional un proceso electoral mínimamente limpio, parar el deterioro de sectores pobres y muy pobres en el Perú y parar la alteración democrática institucional.
¿En serio ve en el Congreso una figura que garantice lo que propone?
Lo que pienso es que estos elementos del Gobierno temporal -para no llamarlo de transición- deben ser exigencias de los sectores democráticos, políticos, institucionales, sociales, inclusive con la movilización social legítima, pacífica y legal.
¿Entonces Dina Boluarte debería ser vacada?
He hecho en el artículo al que aludió una referencia a los medios constitucionales para esa transición.
La vacancia es una.
Y la renuncia es la otra.
No veo a Boluarte renunciando.
Yo tampoco. Entonces la vía, evidentemente, es la de la vacancia. Si comparamos los temperamentos políticos que se expresan hoy en los medios con los de hace seis meses, sectores que han colaborado y han sido parte del Gobierno piden la vacancia. La idea de una solución -no para los problemas del país, sino para atemperar la crisis y organizar unas elecciones que no sean cuestionadas en su legitimidad -está ganando adeptos.
Es un poco cruel que una salida política a la crisis salga de este Congreso, ¿no?
Me parece muy cruel, pero esa solución no saldría del Congreso, sino que requiere de su ejecución. El Congreso no es el origen. El origen de la salida política es el hastío de la población, es la expresión de la voluntad popular democrática que se expresa en el rechazo, en las demandas sociales. Hay un matiz.
Le insisto, ¿hay razones para la vacancia?
No es una cuestión de opinión personal mía. En el sistema político peruano, la causa de la vacancia es la existencia de una mayoría requerida y punto. La justificación la encontrarán en los corrillos cinco minutos antes.
¿Qué quiere decir cuando afirma que el Estado se ha extraviado en el Perú?
Por ejemplo, el Perú es el único país del mundo donde el Estado no tiene una sala de protocolo en el aeropuerto. Y tampoco la va a tener en el nuevo aeropuerto, entiendo. Como el Estado se ha extraviado, se ha perdido por allí, a nadie se le ha ocurrido en las negociaciones con Lima Airport Partners decir “señores, el Estado peruano requiere una sala de protocolo”, que sirve para recibir a las delegaciones extranjeras que vienen al Perú. Hubo un momento en que hubo mucho Estado, de acuerdo, pero a partir de los noventa, cuando se diseñó una política económica…
¿Neoliberal?
Muy liberal, el Estado desapareció. ¿En qué se convirtió el Estado peruano? No en un ente que representa a la colectividad, sino en individuos que trabajan en él para ser intermediarios del sector privado, dando concesiones, firmando contratos, dando licencias de construcción, haciendo trámites.
¿Una mesa de partes?
El Estado peruano es una mesa de partes -desde hace unos treinta años- que actúa en base a la corrupción, generalmente. Por eso es tan grave la corrupción de cientos de millones de dólares, como la de cuatro dólares que se le pide a un habitante de un centro poblado en Calca, en el Cusco, para sacar una partida de nacimiento y que le den un certificado de posesión. Esa carencia del Estado se ha expresado también en el ámbito político institucional y por esa razón, tenemos cosas que no suceden en ningún país del mundo. Acá, en vez de que las mineras paguen los impuestos o regalías o derechos equivalentes y el Estado haga obras, vemos en la televisión que la propia minera dice “yo construí esta carretera, este colegio”. El Estado no puede cobrar suficientes impuestos, pero las mafias criminales sí cobran sus cupos. La tarea fundamental para salvar al Perú –porque puede convertirse en una estructura dominada para las mafias criminales– es recuperar el Estado, recuperar la concepción de que representa la colectividad, al bien común. Mire lo del tránsito. Yo le preguntaría a la población, ¿quiénes no han pagado coima a los policías?
Yo no.
Tú no. Eres parte de un porcentaje si no mínimo, minoritario, porque la práctica…
¿Usted sí ha pagado coimas?
No, yo no.
¿Es parte de la minoría?
Yo soy de parte de esa minoría, por supuesto. El pago de coima es un símbolo de esa abdicación del Estado.
Hay sectores políticos que lo cuestionan por haber ocupado el cargo de embajador ante la ONU en el Gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué responde?
Mi respuesta es muy sencilla: soy un funcionario diplomático, institucional. En segundo lugar, ejercí ese cargo para preservar y aportar intereses nacionales con una visión que excedía ampliamente a la del Gobierno. Pero quiero ir a algo más importante: a mí el presidente Castillo me ofreció ser canciller dos veces me y primer ministro una vez. Yo me negué. Creo que en el Perú pocas personas se niegan a ser canciller dos veces, ¿no? Y me negué porque no estaba de acuerdo con la política general del Gobierno. Y por eso precisé, cuando se produjeron las muertes en Ayacucho y en el interior del país, que el principal deber de un Estado democrático es no matar. He sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, claro, mucha gente puede pensar” bueno, uno renuncia y nada más”. Pero en este país cuando un embajador renuncia a un puesto en el exterior tiene que tener una cierta consistencia ética y personal porque, entre otras cosas, renuncia a veinte mil dólares mensuales de sueldo.
¿Veinte mil dólares mensuales?
Un embajador extranjero gana veinte mil dólares mensuales. Cuando yo renuncio a Naciones Unidas paso a ganar ocho mil soles de sueldo
Que no es poco.
Que no es poco. Cuando no acepté ser canciller del presidente Castillo y se me ofreció Naciones Unidas, acepté porque ahí la agenda es multilateral, de los problemas del mundo y de fortalecimiento de intereses nacionales permanentes. No hubiese aceptado ser embajador bilateral, por ejemplo, porque representas más los intereses directos de un Gobierno. Y lo volvería a hacer. Cuando acepté era un Gobierno democrático.
¿Volvería a aceptar el cargo?
En las mismas circunstancias, evidentemente, porque yo no soy adivino para saber cómo van a evolucionar las cosas.
¿Si este Gobierno le ofreciera el puesto, aceptaría?
Jamás, de ninguna manera.
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