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El Tribunal Constitucional ordenó al Gobierno de Dina Boluarte responder si suscribirá la Declaración de Chapultepec que establece principios de la libertad de prensa y expresión. Esto tras declarar fundada en parte la demanda competencial que presentó en 2022 el entonces defensor del Pueblo Walter Gutiérrez contra el Ejecutivo liderado por Pedro Castillo.
Gutiérrez formuló la demanda luego de que la gestión de Castillo no respondiera las recomendaciones formuladas por la Defensoría sobre la libertad de expresión y la idoneidad de los funcionarios que designaba el Gobierno.
En la sentencia publicada este jueves, el TC concluye que todas las instituciones del Estado están en la obligación de responder las comunicaciones de la Defensoría, incluidas las recomendaciones, pero no están en el deber de acatarlas.
Sentencia del TC caso Defensoría vs. Poder Ejecutivo
Sostener que los pronunciamientos de la Defensoría tienen carácter vinculante, dicen los magistrados, atentaría contra la autonomía y separación de poderes. “Una recomendación no puede tener carácter vinculante, ni las autoridades o entidades públicas se encuentran sometidas al defensor del pueblo, por muy loables que sean sus recomendaciones”, se lee en el fallo.
La Declaración de Chapultepec
Así las cosas, el TC advierte que la Presidencia de la República nunca respondió el oficio 044-2021-DP/AAC de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. Este documento proponía 4 recomendaciones:
- Suscribir la Declaración de Chapultepec, que establece diversos principios a fin de informar la labor de los Estados en aras de garantizar y proteger las libertades de expresión y de prensa.
- Disponer la capacitación del personal encargado de la seguridad del presidente de la república sobre el trabajo de las y los periodistas.
- No obstaculizar la participación de los medios de comunicación en los actos oficiales u otros eventos públicos de los que es parte el presidente de la república, o altos funcionarios del Poder Ejecutivo
- Conceder entrevistas a medios de comunicación a fin de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía
Oficio que la Presidencia nunca respondió a Defensoría.
La Defensoría envió este oficio el 15 de diciembre de 2021, pero el Gobierno de Pedro Castillo no respondió. Se reiteró la comunicación el 27 de enero de 2022, obteniendo el mismo resultado.
Ahora, por expreso mandato del TC, la gestión de Boluarte deberá contestar si suscribe los 10 principios básicos para garantizar la libertad de expresión y la independencia periodística en el Perú, aunque de por sí las acciones del Gobierno ya han evidenciado su aversión hacia la prensa.
Los magistrados aseveran en la sentencia que las libertades de expresión y de información están directamente relacionadas a la democracia ya que “hace posible la formación libre y racional de opinión en la ciudadanía, y, por tanto, su intervención en la vida política del país”.
“Las libertades de expresión y de información operan como una garantía institucional de todo el sistema democrático constitucional; de ahí la importancia que el poder político debe asignarle a su relación con los medios de comunicación. No solo porque estos constituyen un canal de difusión de la información de interés público, sino también porque contribuyen a formar una opinión crítica en la ciudadanía, consolidándose así el Estado democrático de Derecho”, se lee en el fundamento 123 de la sentencia.
Según el último reporte del Consejo de la Prensa Peruana, solo hasta octubre de este año se registraron 9 agresiones por parte del Poder Ejecutivo contra la prensa.
Intentos fallidos
En septiembre de 2021, cuando era vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Boluarte se reunió con representantes del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP). Ahí se comprometió a conversar con Pedro Castillo para que se firmen las declaraciones de Chapultepec y de Salta, pero esto no pasó.
Luego, en diciembre de 2022, cuando ya asumió la Presidencia, Boluarte volvió a reunirse con gremios periodísticos, que la invitaron a firmar la declaración. Se informó que la mandataria tenía toda la disposición de firmarla, pero no lo hizo.
En diálogo con La República, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann, indicó que se decidió no continuar con el proceso de firma de Chapultepec luego de las muertes en protestas y la represión policial contra la ciudadanía y los periodistas que cubrían las manifestaciones.
Consejo de la Prensa Peruana se reunió con Boluarte en diciembre de 2022.
“Hubiera sido un saludo a la bandera. Ya vemos hoy día como la presidenta encierra periodistas, no responde a la prensa, etcétera. Nosotros no retiramos de manera oficial, pero no continuamos con el proceso de firma de Chapultepec porque sabíamos que iba a ser por las puras. Esto comunicamos a la Sociedad Interamericana de Prensa, a la que el Consejo es asociado, y ellos estuvieron de acuerdo”, declaró Salazar.
El representante del gremio agregó que, en una reciente reunión del Consejo con el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, se revisó nuevamente la declaración de Chapultepec y “quedó más que claro que ni la SIP ni el Consejo iban a promover una firma de Chapultepec dada la situación actual”. “No creemos que la presidenta realmente esté en capacidades de poder respetar una declaración como esta”, aseveró.
Rodrigo Salazar Zimmermann destacó que un mandatario firme la Declaración de Chapultepec es fundamental porque “establece un símbolo del respeto de un gobierno al trabajo de la prensa”. Recordó que presidentes como Bernardo Arévalo (Guatemala), José Raúl Mulino (Panamá) y Santiago Peña (Paraguay) han suscrito la declaración.
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