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El juez Oswaldo Ordóñez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y miembro del Consejo Consultivo de la Federación Latinoamericana de Magistrados, responde sobre las leyes que han sido aprobadas en el Congreso -ante la mirada pasiva del Gobierno- y que perjudican la labor de jueces y fiscales.
Dijo ante la CIDH que la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el Poder Ejecutivo, desestabilizan sistemáticamente el sistema de justicia y el Ministerio Público. ¿De qué manera ocurre eso?
Este grupo parlamentario presenta proyectos -que en algunos casos se convierten en ley- y no son observados por el Gobierno pese a que, evidentemente, algunos violan la Constitución. Ese tipo de acciones es lo que está desestabilizando el sistema de justicia y debilitan al Poder Judicial y al Ministerio Público. Todo ese conjunto de leyes no permite que jueces y fiscales puedan desarrollar sus actividades con la eficiencia que corresponde.
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¿Qué leyes son las que más le preocupan?
Hay una ley que recorta los plazos de prescripción y para la colaboración eficaz. Hay otra ley que genera relativamente impunidad para terroristas y militares. También hay una que modifica la tipificación del delito de crimen organizado. Incluso también se ha aprobado una ley que modifica el Código Procesal Constitucional y recorta el ámbito de protección de los derechos fundamentales. Todas indudablemente son…
¿Perjudiciales?
Perjudiciales. Aparte de ello, todavía se sigue insistiendo la creación de una Escuela de la Magistratura con la finalidad de desaparecer a la Junta Nacional de Justicia y que sea la que se encargue de la selección y nombramiento de los jueces y fiscales. Pero nosotros tenemos una escuela que si bien no se le ha puesto así es una Academia de la Magistratura, para jueces y fiscales. En todo caso habría que mejorarla, perfeccionarla, pero no desaparecerla. Incluso, se ha propuesto crear una comisión de fiscalización de la labor jurisdiccional, lo que ya demuestra un total desconocimiento de la Constitución, que señala que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial son autónomos.
Una de las leyes que más debate generó es la que faculta a la Policía la conducción de las investigaciones preliminares. ¿Qué tan perjudicial es?
La Constitución es bien clara y señala que el Ministerio Público se encarga de la conducción de la investigación de los delitos desde sus inicios. El fiscal, que representa el Ministerio Público, tiene que armar el expediente desde su inicio, porque es el que va a sustentar ante el órgano jurisdiccional. De acuerdo con el Código Procesal Constitucional el fiscal y el abogado del procesado son partes y como tales tienen que tener igualdad de armas. ¿Pero qué igualdad de armas va a tener el fiscal si él no va a armar el expediente desde un inicio? Recuerdo que, en la década de los ochenta, cuando hubo un incremento de secuestros, se creó una división antisecuestro que trabajaba de la mano con el Ministerio Público. ¿Quiénes armaron los expedientes para las condenas? Los fiscales. Yo no quiero hacer esos comentarios un tanto políticos, que dicen que esto se ha hecho por esto o por otro. No. Yo lo veo desde el punto de vista eminentemente técnico. También he sido fiscal.
Este paquete de decisiones parlamentarias que usted enumeró ante la CIDH, ¿diría que han ayudado a incrementar el nivel de delincuencia?
No solo lo digo yo, lo siente toda la comunidad y lo dicen los expertos. Si habla con expertos en materia procesal penal, con los fiscales, los abogados y los jueces van a decir que sí porque hay un incremento exponencial de la delincuencia. Como dicen algunos, se les pasó la mano. Por proteger a X están protegiendo a todo el alfabeto. Hemos dicho puntualmente ante la CIDH de que muchos de esos proyectos benefician a congresistas y a líderes políticos.
El Poder Judicial emitió un comunicado en el que advirtió que lo que usted denunció ante la CIDH no era una posición institucional. ¿Esperaba otra reacción?
Me abstengo de cualquier comentario porque soy respetuoso de mi institución. Soy un juez en actividad. Lo que sí quiero precisar es que en ningún momento me he irrogado la representación del Poder Judicial, ni la Corte de Lima, ni de nadie. Yo he ido en representación de la Asociación de Magistrados y a solicitud de la Federación Latinoamericana de Magistrados, que fue la que solicitó la audiencia temática a la Comisión Interamericana. Me dieron tres minutos. Mi deber es representar a los jueces y fiscales de esta asociación.
¿Se respeta la separación de poderes en el Perú?
Hay una separación formal de poderes, pero lamentablemente en casos puntuales no se está respetando. El hecho de querer constituir una comisión fiscalizadora de la labor jurisdiccional dentro del Poder Legislativo es una violación frontal a la independencia de la función de los jueces y fiscales que dada la naturaleza especial de su función tienen que tener órganos contralores autónomos. Ni siquiera el presidente del Poder Judicial, ni los presidentes de cortes ni los presidentes de salas tienen facultades disciplinarias con respecto a los jueces. Yo he sido presidente de la Corte de Lima y yo no puedo sancionar a ningún juez. La labor de control es altamente especializada. No la puede desarrollar cualquiera.
Este paquete de leyes que se han aprobado y que usted denunció ante la CIDH, ¿deberían ser derogadas en un próximo Congreso?
Yo no creo que tendríamos que esperar al próximo. Los empresarios se están pronunciando, la sociedad. Yo creo que este Congreso debe reflexionar. La delincuencia se está incrementando. O sea, ¿qué esperamos? ¿Que haya más víctimas?
Le queda algo de fe.
Vengo luchando desde hace veinte años, desde hace treinta años y nunca pierdo la fe.
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