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El partido Fuerza Popular, que dirige la procesada Keiko Fujimori, ha evidenciado esta semana su especial interés en la aprobación de una ley en el Congreso para utilizar fondos públicos para el pago de los abogados de los dueños y dirigentes de las organizaciones políticas. La misma norma que pretenden concretar debilita también la transparencia de los fondos privados que reciben.
Durante la sesión del pleno del viernes último, los congresistas se aprestaban a aprobar dicha norma. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), anunció el tema para el debate y votación, pero hubo una primera cuestión previa para bloquear este proceso.
Dicha cuestión previa fue planteada por Pedro Martínez. Este legislador cuestionó directamente el artículo que se pretende aprobar, que permite que los peruanos paguen los honorarios de los abogados de los dueños o dirigentes de los partidos, a través del dinero público que ya reciben. El pedido concreto que hizo fue votar por separado este artículo.
Cuando este pedido fue sometido a votación, la mayoría votó en contra. Es decir, se opusieron a la separación y, en consecuencia, decidieron mantener el artículo para que los peruanos paguen, en la práctica, a los abogados de los dueños o cúpulas de los partidos.
Las bancadas que votaron en contra de la cuestión previa fueron Fuerza Popular, Perú Libre, APP, Acción Popular y Somos Perú. Podemos Perú jugó al voto indefinido de la abstención.
Luego hubo una segunda cuestión previa, esta vez planteada por Jaime Quito, quien protestó y pidió que el dictamen retorne a comisión. En esta segunda oportunidad varios congresistas retrocedieron y apoyaron para que el texto sea revisado de nuevo antes de la votación en el pleno.
En esta ocasión se opusieron Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso. Es decir, ambas bancadas se empecinaron en votar el dictamen en el pleno.
Tras este fracaso en la votación, el vocero de Fuerza Arturo Alegría presentó una reconsideración. De este modo, el pleno volverá a votar y podrían aprobar, ahora sí, la ley para que los peruanos terminen pagando los honorarios de los abogados de los dueños de los partidos, sin que el tema sea analizado bien en la Comisión de Constitución.
La reconsideración presentada por Arturo Alegría.
Menos transparencia
La ley que pretende aprobar el Congreso, cuyo dictamen previo fue aprobado en la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi, también incluye modificaciones al marco legal vigente que debilitan la transparencia de los aportes privados que reciben los partidos.
Por un lado, el dictamen retoma la opción de que los partidos reciban dinero de las empresas privadas.
Adicionalmente, el texto nuevo precisa que “los aportes no declarados o que sobrepasen los limites permitidos, no constituyen ni se presumen de fuente prohibida“. Se trata de un cambio sustancial. Actualmente la norma sí asume como presunción de fuente prohibida, cuando los aportes no han sido declarados.
Este cambio se produce precisamente en un contexto en el que partidos con presencia en el Congreso, como Fuerza Popular de Keiko Fujimori y Perú Libre de Vladimir Cerrón, enfrentan procesos por presuntos aportes ilegales.
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