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La resolución ministerial emitida el miércoles 27 de noviembre designó a David Eduardo Gómez Boluarte, hijo mayor de la presidenta Dina Boluarte, como tercer secretario de la representación permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en New York, Estados Unidos.
Gómez Eduardo se graduó de la Academia Diplomática del Perú Pérez de Cuellar en 2022, formando parte de la promoción N.° 60. A su graduación asistió Dina Boluarte, quien en ese entonces era vicepresidenta del Perú, y Ana Cecilia Gervasi, la entonces titular de Relaciones Exteriores. Su designación ha causado sorpresa y curiosidad, pues los escándalos que rodean a la mandataria hacen que se cuestione si se trataría de un caso de nepotismo.
Hijo de Dina Boluarte es designado como diplomático ante la ONU. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores
¿Es legal o no la designación del hijo de Dina Boluarte como tercer secretario diplomático?
La República se comunicó con el excanciller Miguel Rodríguez Mackey, quien precisó que la designación de David Eduardo Gómez Boluarte es legal, pues indica que el hijo de la presidenta pertenece al servicio diplomático de la República y egresó de la Academia Diplomática justamente cuando este se desempeñaba como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“David Gómez Boluarte estaba en su segundo año en la Academia Diplomática y él ha cumplido el tiempo en Lima como tercer secretario, que es la categoría con la que se incorporan al servicio (…) Es legal. Su salida al exterior es la normalidad de las actividades de los diplomáticos de carrera, según conforme la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y la ley del servicio diplomático de la República”, dijo Rodríguez Mackay a este medio.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya, Alonso Cárdenas, confirmó lo dicho por el excanciller Mackay y precisó que “el servicio diplomático peruano es bastante profesional y se caracteriza por ser independiente del poder político”.
Sin embargo, calificó el hecho “como un nuevo error” de la presidenta, que la pone aún más en contra de la opinión pública. “Más allá de la formalidad legal, políticamente no suma (a su aprobación) y tiende a agravar todos los hechos por los que ya está siendo cuestionada”, precisó.
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