En RPP, el abogado Joseph Campos indicó que el juez Concepción ha adelantado opinión en el caso ‘Los waykis en la sombra’ y ha vulnerado la presunción de inocencia de su defendido.
El abogado de Nicanor Boluarte, Joseph Campos, consideró que sería “saludable” que el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, anule la resolución en la que ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte por el caso ‘Los waykis en la sombra’.
En una entrevista para el programa Las cosas como son de RPP TV, Campos Torres cuestionó la imparcialidad del magistrado y sugirió que el expediente sea derivado a otro magistrado. A su juicio, la decisión de Concepción Carhuancho es “inconstitucional”.
La defensa legal dijo que el juez Concepción ha adelantado opinión y ha vulnerado la presunción de inocencia de su defendido.
“Se ha demostrado públicamente que para el señor [Concepción Carhuancho], Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y Patricia Benavides representan la corrupción en el Perú. Entonces, ¿qué esperanza tengo en esa situación?”, indicó.
Esta acusación haría referencia a una clase universitaria en la que supuestamente el juez señala que los procesados Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda son integrantes de una organización criminal, esto sin que exista una sentencia firme.
En ese sentido, Joseph Campos defendió la situación de clandestinidad en la que se encuentra Nicanor Boluarte, afirmando que el mantener su libertad es un derecho legítimo frente a lo que considera una “orden arbitraria”.
“El cuidado de su libertad es un derecho que tiene, no es un delito”, subrayó.
¿De qué se le acusa a Nicanor Boluarte?
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder planteó en agosto pasado el requerimiento de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte (hermano de la presidenta Dina Boluarte), Mateo Castañeda (exabogado de la jefa del Estado), Jorge Luis Ortiz Marreros (extitular de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior), Jorge Chingay Salazar (amigo de Nicanor Boluarte), Noriel Chingay Salazar (exprefecto Regional de Cajamarca) y Zenovia Herrera Vásquez (exjefa del programa Qali Warma de la región de San Martín) por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado, a raíz del caso ‘Los waykis en la sombra’.
Testigo implica también a la mandataria
De acuerdo con el Ministerio Público, esta presunta red se dedicaba a designar prefectos y subprefectos a nivel nacional para lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del partido Ciudadanos por el Perú, vinculado a Nicanor Boluarte.
Investigaciones periodísticas han denunciado que Boluarte Zegarra habría solicitado importante sumas de dinero a los que ocupaban el cargo de prefectos y subprefectos, a quienes además se les habría exigido recolectar firmas y afiliar a personas a la agrupación política en formación. Todo esto gracias al “apoyo” de la presidenta Dina Boluarte, según contó el expersonero legal de Ciudadanos por el Perú, Edwin Ugarte, ante la Fiscalía.
La tesis fiscal refiere que Nicanor Boluarte sería el líder de esta supuesta red criminal al haber ejercido poder para instrumentalizar el aparato estatal en beneficio de dicha organización política.
“Nicanor Boluarte permanentemente se comunicaba con los coordinadores a nivel nacional para que le informen sobre cómo se iba llevando a cabo las filiaciones, quiero precisar que las tareas de afiliar personas eran realizadas por los prefectos regionales y subprefectos tanto provinciales como distritales”, declaró el testigo clave Ugarte Nina, según cita el dominical Cuarto Poder.