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La reforma constitucional que busca que los sentenciados por delitos graves no postulen a las elecciones generales y otros cargos públicos avanza en el Congreso. Con 17 votos a favor, la Comisión de Constitución aprobó un texto sustitutorio y, el proyecto, listo para ser visto en el Pleno. Sin embargo, la iniciativa parece estar hecha a medida de las bancadas, pues excluye varios delitos como violación sexual, lavado de activos y corrupción.
La propuesta, sustentada por Fernando Rospigliosi, presidente de la referida Comisión, contiene 20 proyectos de ley y plantea limitar “la participación política a quienes hayan sido sancionados por delitos graves que atenten contra el orden constitucional y el sistema democrático”. También aleja de los cargos de elección popular a los autores de “delitos pluriofensivos que socaban las bases democráticas”, como el trafico ilícito de drogas y el terrorismo.
En un inicio, el dictamen planteada prohibir la postulación a cargos públicos a los sentenciados por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación a la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria, y contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
Sin embargo, esto habría sido ajustado a intereses particulares. El texto presentado en febrero de este año ante el Pleno, solo comprendía los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín. Esto provocó que el proyecto pase a un cuarto intermedio y regrese a la Comisión de Constitución, grupo que, finalmente, aprobó el dictamen.
En esa oportunidad, la congresista Flor Pablo se pronunció al respecto. Según Pablo, el debate se ha centrado en proteger a figuras específicas asociadas a distintos sectores políticos. También mencionó que delitos como terrorismo y motín, fueron incluidos en las modificaciones, mientras que delitos como secuestro y corrupción de funcionarios, relacionados, por ejemplo, con Alberto Fujimori, fueron excluidos. Esta selectividad, según la parlamentaria, evidencia una protección de intereses particulares y no una búsqueda de idoneidad en los candidatos políticos.
“Cada uno tiene a su delincuente. Ayer ha sido clarísimo. Han puesto todos los delitos asociados a Antauro, pero no han puesto secuestro o corrupción de funcionarios porque allí limitaría la participación de Fujimori y de otros personajes de ese sector. Cada uno está cuidando a sus sentenciados y no se logra llegar a un proyecto de ley que busca la idoneidad para la política”, manifestó.
Asimismo, mencionó a algunos parlamentarios cuestionados. “Mira tenemos al congresista Díaz que está ahorita procesado por un tema de violación a una trabajadora del Congreso, si no ponemos un resguardo ahí, él podría volver a postular así fuese así estuviese sentenciado, ¿por qué?, porque la norma lo permitiría”, indicó.
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