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Por José Víctor Salcedo Ccama
La investigación y escritura de la crónica “Los pueblos que enfermaron de oro”, sobre el boom de la minería en los distritos de Colquemarca y Santo Tomás, en Chumbivilcas (Cusco), tomó cuatro meses. La idea fue recorrer el lugar y constatar los cambios que estaba ocasionando la actividad informal e ilegal en este territorio: mirar el territorio y mostrar lo que estaba pasando; cómo habían cambiado las formas de vida, las condiciones económicas, las formas de trabajo en las minas de socavón y aluvial, las consecuencias sociales, las actividades vinculadas que habían aparecido, el deterioro de las actividades agrícolas y ganaderas.
La crónica se escribió con base en el trabajo del reportero en el territorio y en entrevistas con mineros, exmineros, ciudadanos y funcionarios. Es una investigación propia. Solo hay cuatro menciones y datos tomados de los estudios de Esteban Escalante Solano y Caroline Weill, quienes investigaron el tema para Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), y de Erbert Cárdenas Farfán y Carlos Alberto Castro Segura, que lo hicieron para el Centro Bartolomé de Las Casas, el Grupo Propuesta Ciudadana y Arariwa.
No hubo tergiversación de los estudios, como señalan en el texto “No es un pueblo enfermo del oro: investigadores responden a La República”, escrito por los investigadores Caroline Weill, Carlos Alberto Castro y Esteban Escalante, y publicado en Lamula.pe.
Las cuatro veces referidas a los estudios, los datos se consignaron mediante cita directa o indirecta. La primera dice: “Según sus estudios, en las comunidades campesinas de Pamputa, Cancahuani e Idiopa Ñaupa Japo casi el 100 % de comuneros busca oro, cobre y plomo” (pág. 34 del estudio de CBC, Grupo Propuesta Ciudadana y Arariwa).
Oro es extraído en territorio peruano. Foto: Miguel Gutiérrez
La segunda dice: “Para Esteban Escalante y Caroline Weill, este proceso es ‘una crisis generalizada del campo en las provincias altas por el deterioro de las actividades agrícolas y ganaderas a causa del desgaste de los suelos productivos y el aumento del costo de vida’. Los investigadores encontraron, también, que los comuneros de la comunidad de Yanque tomaron posesión de una mina de plomo que perteneció a las empresas Río Tinto, Collasuyo y Ares…” (pág. 35 del estudio de DHSF).
La tercera dice: “En el estudio de DHSF afirman que en los clubes nocturnos de Colquemarca usan el sistema de fichas. Las chicas acompañan a los hombres a beber. Por cada jarra de alcohol que consume el hombre, ella recibe un tique. El papelito tiene un valor que la muchacha cobra al final de la noche” (pág. 51 del estudio de DHSF).
Y la cuarta dice: “El estudio de DHSF habla de 48 grupos de explotaciones; cuatro pertenecen a personas naturales y uno a la empresa Tecnología PREOX & Ingeniería S.A.C.” (págs. 41 y 42 del estudio de DHSF).
Viajé cinco veces, de junio a agosto, a la zona donde se realizan las actividades y otras tantas veces en los años anteriores. Entré a dos socavones. Registramos con el fotógrafo las actividades a campo abierto que habían proliferado en el corredor minero del sur. Desde Santo Tomás hasta Colquemarca, sobre todo en Choccoyo (Colquemarca), encontré la presencia de maquinaria pesada, actividades cerca de un río, camiones de los acopiadores cargados de minerales. Hablé con mineros y exmineros, etc.
En los pueblos de Santo Tomás y Colquemarca, de día y de noche, registré en fotos las calles y avenidas principales. Hice el conteo de locales comerciales, bares, licorerías, hoteles y otras cosas. Hablé con vecinos para saber los cambios que habían ocurrido; vi fotografías antiguas y escuché en las radios quejas sobre robos y asaltos.
Terrenos destruidos por minería informal. Foto: Miguel Gutiérrez
La crónica no representa a la minería en forma “estigmatizante” ni “maniquea”, como señalan los investigadores. Se muestra una realidad concreta en un territorio concreto, constatada por el periodista, confirmada por el funcionario regional y por varios ciudadanos de la zona. Hay minería en la ribera del río Sainata, que desemboca en el río Velille y este se une al río Apurímac, cuyas aguas irrigan cultivos y son bebederos para animales en las comunidades de Chumbivilcas y Paruro. El uso de maquinaria pesada para remover la tierra es intensivo; el uso de explosivos en los socavones, una cotidianidad.
Se pueden cuestionar —como lo hacen los investigadores— las declaraciones del gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Cusco, Merciano Basilio Peláez, pero eso no quiere decir que los datos no sean verdaderos. De 3,924 inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en la región Cusco, 1,476 (37.6 %) corresponden a la provincia de Chumbivilcas (600 en Colquemarca y 58 en Santo Tomás). Solo 24 mineros se formalizaron en la región Cusco: 4 en Chumbivilcas, ni uno en Santo Tomás ni uno en Colquemarca hasta agosto de este año.
Son ciertos también los asaltos a mano armada, los robos y los accidentes con muertos en las minas de socavón, así como el aumento del alcoholismo y la aparición, a partir del 2020, de los primeros casos de VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión sexual, según la Gerencia Regional de Salud Cusco.
Mi interés por el tema empezó todavía en 2020, cuando en agosto de ese año el alcalde de Chamaca, Antonio Huamán Arias, denunció que los mineros ilegales habían contaminado el río Velille. Un mes después, la Dirección Regional de Energía y Minas de Cusco (ahora Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos) confirmó la denuncia: encontró tres minas ilegales en San José (Chamaca) y Choccoyo (Colquemarca), confirmó el uso de mercurio en el lavado de oro y la contaminación de los riachuelos Qasccamayo y Sainata, tributarios del río Velille.
Aquel año el foco de la atención estaba en las protestas de las comunidades campesinas de Chumbivilcas contra la minera Las Bambas por la contaminación sonora y con polvareda que levantaban los camiones mineros al pasar por el corredor minero del sur. Poco se hablaba de la otra minería que había empezado en las comunidades. En la actualidad, la minería es intensiva en estos territorios y las consecuencias son reales. Así como la gran minería contamina las comunidades del corredor minero, según estudios de OEFA, también lo hacen los mineros informales e ilegales.
La crónica tampoco “homogeniza” ni “criminaliza esta actividad en el sur andino”, como señalan los investigadores; solo la visibiliza. No emite juicio de valor. Habla de un problema concreto y real, de lo informal y lo ilegal, que algunos sectores no quieren que se vea o que buscan ocultar con eufemismos.
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