admin
La relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, envió una carta al Gobierno de Dina Boluarte para alertar sobre las diversas reformas legales que podrían atentar contra la independencia judicial y “concentrar el poder desproporcionadamente en el Congreso”.
En su escrito, del 19 de noviembre, la relatora detalla cada una de las modificaciones impulsadas por el legislativo que perjudican al Poder Judicial y demás entidades de justicia en el Perú.
Satterthwaite alerta sobre “la reducción del número de jueces necesarios para adoptar decisiones en procesos constitucionales importantes; la sujeción de la autoridad de la Corte Suprema para prohibir la emisión de precedentes vinculantes que contradigan las decisiones del Tribunal Constitucional; y la eliminación de la facultad del poder judicial de ejercer el “control difuso” de constitucionalidad de las leyes”.
También, llamó la atención sobre “la reforma impone sanciones a jueces, juezas y fiscales cuyas solicitudes o decisiones de condena o detención hayan sido revocadas; aumenta la compensación por detenciones indebidas; y amplía el delito de prevaricato, elevando la pena, e incluyendo una descripción amplia de las conductas que constituyen el delito”.
Gobierno de Dina Boluarte niega que se perjudique el sistema de justicia
El Gobierno respondió la misiva de la relatora de la ONU y negó que se pretenda fortalecer al Congreso. Por medio de un oficio, el último 21 de noviembre, la Representación Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, precisó su posición sobre las observaciones.
“Rechazamos toda afirmación que ponga en tela de juicio la fortaleza de nuestro sistema democrático y el respeto a la separación de poderes. El Estado peruano, a través de sus distintos órganos y entidades, viene debatiendo las reformas planteadas en el Proyecto de Ley 9171/2024-CR y el Proyecto de Ley 1195/2021-CR, contado para ello con la opinión plural de las entidades convocadas por el Congres de la República. En virtud de ello, reafirmamos nuestro compromiso con las premisas que fundamentaron la adopción del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el respeto y garantía de los derechos humanos”, se lee en la respuesta.
Ambos documentos fueron divulgados por la relatora en su cuenta oficial de X. “Aprovecho esta oportunidad para recordar que los estándares internacionales enfatizan la necesidad de definiciones claras y precisas de la mala conducta judicial para proteger a los jueces de influencias indebidas y preservar su independencia”, escribió.
“Estoy profundamente preocupada por las recientes y propuestas reformas legales en Perú que podrían socavar la independencia judicial, en contradicción con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, agregó.
Spanish