La empresa Brookfield Infraestructure Group S.A.C, principal accionista de la concesionaria Rutas de Lima, solicitó al Poder Judicial que ordene al Ministerio Público concluir la investigación preliminar que se le inició por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
A través de su defensa técnica, dicha empresa presentó una solicitud de control de plazo de esta investigación preliminar que inició el despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez, en agosto del 2023, en atención a una denuncia que presentó la Procuraduría Pública de la Municipalidad de Lima.
En dicho escrito, la defensa técnica de la referida empresa demanda que el despacho del fiscal Pérez Gómez emita el pronunciamiento que corresponda respecto a este caso.
“Se tiene el escrito con cargo de ingreso N.° 431-2024 y N° 38530-2024, presentado por la defensa técnica de Brookfield, con el cual solicita control de plazo de la investigación preparatoria respecto de la Carpeta Fiscal N.° 29-2023, a cargo del Primer Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, a fin de que este último emita pronunciamiento correspondiente conforme a sus atribuciones”, se precisa en dicho pedido.
Investigación
Esta solicitud de control de plazo de la compañía fue presentada ante el despacho del juez Víctor Alcocer Acosta, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien programó para este miércoles 27 de noviembre a las 10:00 a. m. a una audiencia virtual para ser evaluada con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto.
El 5 de agosto del 2023 se conoció que el procurador público de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Carlos Enrique Cosavalente Chamorro, solicitó al Ministerio Público que inicie una investigación por presunto lavado de activos contra la empresa Brookfield, al señalar que “existen indicios” que dicho fondo de origen canadiense estaría incurriendo en dicho delito a favor de Odebrecht.
Este requerimiento se basa en un informe periodístico del 2017 en el cual, según el procurador, se señalaría que “los principales ejecutivos de Odebrecht, incluso Jorge Barata, se mantienen como apoderados de Rutas de Lima.
También menciona la venta a Brookfield del 57 % de la participación de Odebrecht en Rutas de Lima, con lo que la empresa brasileña tiene el 25 % y Sigma Safi el 18 % de las participaciones.
No obstante, se señala que tras la transferencia al fondo canadiense, Odebrecht continuó dirigiendo Rutas de Lima y seguiría a cargo del servicio e-pass de recaudación automática de los peajes.