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El exdirector de la constructora brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, ha decidido poner fin a su colaboración con las autoridades peruanas luego de que se emitiera una orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra, según informó su defensa a la agencia EFE.
Así lo confirmó su representante lega, el abogado Carlos Kauffmann, quien mencionó en una entrevista que Barata, de nacionalidad brasileña, ya no participará como testigo en futuros procesos relacionados con los sobornos millonarios pagados por Odebrecht a autoridades peruanas a cambio de contratos públicos.
En ese sentido, Kauffmann expresó su preocupación por los riesgos que esta decisión pueda acarrear para las investigaciones, teniendo en cuenta las más de 60 declaraciones realizadas a lo largo de los años. Además, señaló que la orden de prisión preventiva contra Barata, emitida hace menos de dos semanas, representa una violación del tratado de cooperación entre Brasil y Perú.
De la misma forma, recordó que Brasil ofreció pruebas sobre el entramado de Odebrecht con la condición de que no fueran utilizadas en contra de ciudadanos brasileños que estuvieran colaborando.
A pesar de que Brasil no extradita a sus ciudadanos, las autoridades peruanas planean solicitar a través de la Interpol una orden de arresto internacional contra Barata, lo que podría resultar en su detención en otros países.
La resolución, también, indica que las autoridades brinden la notificación a la Policía Internacional (Interpol) con el objetivo de que colabore en la captura de Barata para que cumpla con el requerimiento. Jorge Barata fue incorporado en la investigación del caso Gasoducto tras la anulación de su acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público.
Defensa de Barata busca revocar orden de prisión preventiva
Con ello, la defensa de Barata, quien reside en Brasil, busca revocar la orden de prisión en Perú y está preparando acciones ante instancias internacionales para evitar que el pedido de las autoridades peruanas prospere.
La orden de prisión de 36 meses fue emitida en respuesta a una solicitud de la Fiscalía peruana, que sospecha la participación de Barata en un caso de presunta colusión para la construcción del gaseoducto Sur.
Durante su colaboración, Barata reveló que Odebrecht financió de manera irregular las campañas electorales de cuatro expresidentes peruanos, y sus declaraciones fueron fundamentales para las investigaciones.
Sin embargo, la Corte Suprema de Brasil anuló el 2023 parte de las pruebas utilizadas en un caso de lavado de dinero contra Ollanta Humala, considerando que estaban contaminadas.
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