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En un intenso debate, el Grupo de Investigación de Estado y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica del Perú discutía acerca del correcto tratamiento que debería hacerse a las mafias desde la Academia. En el recinto, ubicado en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma casa de estudios, la profesora colombiana, autora del libro “La política de la narcoviolencia: criminales, policías y políticos en Colombia y México”, publicado por la Universidad de Oxford, Angélica Durán, interrumpió su intervención para conversar en exclusiva con La República. Hablamos de este flagelo que parece estar sobrevaluado y desbordado en el Perú.
-Hay diversos diagnósticos sobre los impactos de las diferentes economías ilegales. En el caso peruano, ¿cuál debería ser la prioridad?
-Bueno, yo creo que el objetivo primero es entender cómo caracterizar los fenómenos, entender de qué tipo de grupos estamos hablando, en qué nivel operan, qué tipo de economías tienen y cómo varían. Esta es una preocupación para toda la región hoy en día, pero se manifiesta de maneras muy distintas. No todos los grupos son iguales, hay colusión y hay un papel central del Estado en todos los lugares, pero eso se manifiesta de maneras distintas.
–Tenemos lugares donde hay grupos armados muy centralizados, muy consolidados, con liderazgos de décadas
– Claro y tenemos otros lugares donde eso no es así. Por ejemplo, aquí en el Perú lo veo como una situación en donde tienes una criminalidad muy personalizada, muy ligada a tradiciones familiares que, por lo tanto, no son liderazgos nuevos per se, pero que sí han ido cambiando y las organizaciones son un poco más descentralizadas.
– ¿Cómo se llega a esa conclusión?
Pienso que el objetivo número uno es entender cómo operan estos grupos criminales y qué es lo que están experimentando las comunidades en el día a día porque, además, lo que se asume muchas veces con un titular no es necesariamente lo que refiere a la realidad.
-¿A qué se refiere?
-Por ejemplo, mucho de nuestro entendimiento de la criminalidad está basado en un titular de prensa que te dice: atraparon a un mexicano en Perú, atraparon a un venezolano en el ‘Tren de Aragua’ y, a partir de ahí, se forman unas narrativas que muchas veces no son ciertas, porque no están realmente atadas a un trabajo sistemático. Entonces, la primera labor es esa. La segunda labor tiene que ver con entender cómo las dinámicas políticas institucionalizadas afectan esto. Sobre esto creo que está la clave hoy en día en América Latina, en cuestionar la forma como hemos entendido tradicionalmente el crimen. Lamentablemente, no se piensa mucho el poder político o las relaciones de poder desde ahí. ¿Es el crimen un fenómeno que responde a la falta de acción del Estado? ¿Responde a una falta de capacidad? ¿A una serie de incentivos socioeconómicos?
-Parece hoy más evidente ahora en el Perú, en la implementación de las mismas políticas públicas, contrarreformas…
-Hay que poner mucha atención a esas dinámicas políticas… Una razón por la que, en América Latina, este fenómeno se está expandiendo es porque hay dos factores claves que, en esta coyuntura, son muy importantes. Se trata de la expansión de las economías ilícitas que está ligada a procesos de deterioro democrático complejos y de fragmentación política. Entonces, cuando hablamos de crimen organizado y economías ilegales, se comete el error de pensarlos como algo que está separado del Estado y, como vemos, no es el hecho.
-No es un fenómeno relativamente nuevo.
-No, para nada (…) Desde los noventa hay dinámicas en la región, en el Perú, donde ves fenómenos de criminalidad, de economías ilícitas (…) Hay cosas que han cambiado. Creo que es siempre importante mirar atrás, pero también reconocer qué ha pasado. En los últimos cinco años ha habido un cambio cualitativo, y es que hay más países de la región que están afectados con esto.
-¿A qué atribuye este cambio?
-Se han descentralizado y se han expandido mucho las redes (…) Yo atribuyo varias razones a esto. Una es el mercado de la cocaína, que entonces no sigue siendo un mercado importante en general para las redes criminales. Ese mercado se ha expandido y se ha diversificado mucho, digamos, geográficamente.
-Y se ha diversificado geográficamente.
-En parte, en respuesta a políticas para atacar el crimen organizado, que es una de las grandes paradojas. Y es que muchas veces las acciones del Estado no paran el crimen, sino que hacen que cambien sus dinámicas y que se expandan.
– ¿Hablamos de competencia en el mercado criminal?
-En los últimos cinco años ha habido una expansión mucho más pronunciada, creo yo, de la geografía de las cadenas ilícitas, particularmente la cocaína, pero en general, hay como una diversificación.
-¿Hay algún hito para entender esta aceleración delictiva?
– La pandemia deja unos procesos de quebrantamiento social (…) pero también se rompen muchas expectativas. Sin embargo, después de la pandemia, la gente sale con muchas necesidades insatisfechas, pero también con una sensación muy fuerte de que el Estado no responde. Ese sería otro segundo factor en América Latina.
-¿Y el tercero?
-Hay un proceso de proliferación y de expansión criminal. Y aquí hay dos eventos específicos: dos procesos de paz en Colombia y la crisis de Venezuela que han creado una serie de procesos complejos que han hecho que las redes criminales estén un poco más descentralizadas y mucho más fragmentadas hoy en día.
– Una criminalidad personalizada y fragmentada que ejerce el poder a través del Estado por la colusión que tiene con poderes institucionales actuales… ¿Cómo observa esa tendencia de cara a las elecciones del 2026?
– La tendencia se ve compleja. Muchos países de la región sufren declives autoritarios, como estos regímenes híbridos, donde los líderes están usando cada vez más estrategias iliberales o no democráticas, como en el caso de El Salvador. En Perú o en Ecuador, pasa mucho más por un proceso de fragmentación política muy fuerte y de inestabilidad política que tiene consecuencias en el corto plazo en las dinámicas criminales, por dos razones. Por un lado, porque complica la acción del Estado, la coordinación política para la acción de los policías y para la implementación de políticas. En momentos de fragmentación política muy fuerte, las redes criminales también tienden a fragmentarse mucho más. Cuando hay más redes criminales, también hay más enfrentamientos y violencia entre ellos. Entonces, ese es un factor, digamos, por el que uno podría esperar un proceso de deterioro. Por ejemplo, la militarización para enfrentar a grupos criminales. También, el encarcelamiento masivo. Estas son las dos respuestas inmediatas cuando empiezan a hablar de crisis de seguridad. Esas dos cosas, en vez de parar el fenómeno, lo escala.
– Ante la crisis creada por el crimen organizado y la inacción/colusión del Estado, el Congreso ha propuesto que se declare el problema como terrorismo urbano. ¿Cómo evalúa esta medida?
-Es muy problemática y lo sabemos por varias razones. Primero, porque llamar terrorista a una organización, en términos prácticos, no resuelve nada. Lo único que facilita es tener una justificación para sacar a los militares a las calles y no para buscar una salida eficaz. Lo que tiene un efecto en el corto plazo, porque, muchas veces, quieres tratar como terroristas a organizaciones que, si bien pueden ser violentas, no están muy organizadas; donde tienes muchas veces liderazgos que son jóvenes que apenas están empezando sus carreras en el crimen y que se pueden reemplazar de una manera muy fácil. Entonces, cuando se habla de terrorismo, se tratan estas organizaciones como si todas fueran tremendamente jerárquicas cuando, en realidad, casi todas, no son así.
-Impide que haya realmente un combate efectivo.
-Y que haya una investigación seria sobre cómo estas están organizadas, ignorando además cómo actores de la Policía y del Estado coluden con estos grupos, mientras justifican el uso de violencia extrema por parte de la policía. No obstante, lo más complicado es que también crea incentivos para que tanto policías como militares se involucren más en corrupción porque, entre más fuerza usan, más incentivos crean para que los actores criminales, o bien escalen su violencia, o traten de cooptar a los que tienen el uso de la misma. Eso crea unas dinámicas de escalamiento muy fuertes. Lo único que crea es una sensación de respuesta rápida que, en realidad, no funciona, ni siquiera en el corto plazo. Entonces, la propuesta de terrorismo urbano invisibiliza al crimen organizado y, al contrario, lo promueve.
-Por lo conversado anteriormente, la diversificación de economías ilícitas parece ser amplia. La extorsión se ha convertido en uno de los mercados de los grupos criminales. ¿Por qué?
-Es un mercado muy grande que puede ser rentable porque no necesitas lo que tiene el narcotráfico ya que puede ser muy local. Ahora, es importante entender que en el ejercicio mismo de la extorsión hay diversos tipos, por lo que llamarles a todos “terroristas” no te permite identificar realmente cómo es que están operando ni cómo se pueden desmantelar. Hay un tipo de extorsión que puede ser muy descentralizada, donde tienes básicamente jóvenes que van y amenazan a los conductores y les dicen páguenme. En otros casos, tienes esquemas mucho más organizados, que generan muchos millones de pesos. No son todos. Entonces, decirles a todos estos criminales terroristas urbanos impide comprender cómo es que están operando. La extorsión, en general, puede ser organizada, pero también puede estar organizada a un nivel muy bajo. Entender cómo es que están operando las redes criminales necesita una labor de inteligencia, de voluntad policial y apoyo político, no un decreto que te diga que estos son terroristas urbanos.
– Es necesaria una reforma policial que los proteja y empodere desde la estrategia. ¿Cuál debería ser el rol del Estado para cambiar esta situación?
-El tema de reforma policial es en sí mismo un monstruo gigantesco. Yo, en el caso del Perú, a pesar de que es complejo, lo veo como con más posibilidades, ya que hay niveles de corrupción que son un poco menos sistemáticos de los que existen en otros países. Pasa también por las condiciones mismas de trabajo de la policía. No todo puede ser salarios, porque la verdad es que hasta cierto punto nunca es posible competir completamente con los salarios que puede hacer una economía ilícita. Tiene que ver también con crear finalmente mecanismos de control policial. El tema de una reforma policial que combata realmente este problema público también está atado a incentivos políticos, los cuales hoy están materializados en leyes que favorecen estas actividades. En América Latina, en general, hay una lógica muy legalista.
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