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Si los actuales incendios forestales que devastan el Perú y el resto de la Amazonía no nos encienden nuestro sentido de responsabilidad, ya no sé qué lo hará. Los incendios forestales no distinguen entre bosques, terrenos agrícolas, centros arqueológicos y ciudades, sus efectos nos alcanzan a todos. En Perú, los incendios ya son la causa de más de una decena de muertes de personas, pero también de incontables animales silvestres, de la destrucción de cultivos, de los bosques e incluso de las áreas naturales protegidas. El humo que ahoga a las comunidades locales también impide aterrizar aviones en algunas ciudades.
Los incendios forestales no son eventos fortuitos, sino el resultado de acciones humanas, vinculadas a la expansión de la frontera agrícola. La actual sequía genera las mejores condiciones para que arda la Amazonía. El cambio climático hace su parte convirtiendo a los bosques en verdaderas cajas de fósforos esperando la chispa, la chispa de las quemas agrícolas.
La responsabilidad no recae únicamente en quienes encienden el fuego. Las autoridades, a nivel nacional, regional y local, tienen la obligación de prevenir y controlar los incendios forestales. Pero que, a inicios del año, se haya aprobado una ley que deja impunes a grandes y pequeños que deforestaron y que la semana pasada se haya publicado una resolución ministerial para otorgar constancias de “libre deforestación” se convierten en combustible para nuevas quemas, pues alienta la equivocada idea que se puede deforestar, quemar el bosque con impunidad.
Justo este año se recortó el presupuesto del SERFOR para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres de siete millones y medio a solo dos millones y medio que ha afectado los fondos de asistencia técnica para la prevención, las brigadas de emergencia, etc. Es urgente dotar de recursos y capacidades a las instituciones encargadas de la gestión forestal y la protección del medio ambiente, específicamente para que puedan responder frente a los incendios forestales.
Pero no nos engañemos, la culpa no es solo de ellos. También somos responsables nosotros, los ciudadanos. ¿Cuántos de nosotros hemos denunciado una quema ilegal? ¿Cuántos hemos exigido a nuestras autoridades que actúen? ¿Cuántos hemos cambiado nuestros hábitos de consumo para reducir la presión sobre los bosques?
Es fundamental brindar asistencia a las poblaciones que enfrentan los incendios, garantizando su seguridad y acceso a servicios básicos. El Estado debe movilizar recursos para poner a salvo a las poblaciones y fortalecer la capacidad de respuesta de los bomberos forestales y brigadistas comunitarios.
La prevención es clave para evitar futuros incendios. Es necesario desarrollar campañas de comunicación que informen sobre los riesgos de las quemas y promuevan prácticas agrícolas sostenibles. Las comunidades deben ser empoderadas para gestionar sus territorios de manera responsable. Se debe brindar capacitación y acompañamiento técnico de manera que se puedan reducir las posibilidades de incendios forestales.
La expansión desordenada de la agricultura y la ganadería es una de las principales causas de la deforestación y los incendios. Es necesario implementar políticas de planificación territorial que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales. La agricultura y la ganadería deben adaptarse a los desafíos del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Es necesario fomentar la adopción de prácticas agroforestales y agroecológicas que reduzcan las posibilidades de incendios forestales.
La lucha contra los incendios forestales es una tarea de todos. Desde la sociedad civil, debemos exigir a las autoridades que asuman su responsabilidad y actúen con decisión. La Amazonía no es un recurso infinito, es un ecosistema frágil del que dependemos todos.
Por: Hugo Che Piu Deza, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
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