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Ante el incremento de los cuestionamientos a la ley contra el crimen organizado, aprobada por el Congreso de la República, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, indicó que se discutirá —este lunes 30 de setiembre— abrir el debate, a nivel de la Junta de Portavoces, para la modificación o la derogatorio de la polémica normativa que generó un entorno propicio para el aumento de las actividades delictivas, así como el debilitamiento de los allanamientos al obligar que esté presente el abogado del investigado, anulando el factor sorpresa de la diligencia.
Salhuana Cavides reconoció que el Congreso cometió un error al aprobar la modificación, por lo que planteará la derogación de la iniciativa ante la Junta de Portavoces. Otra opción que es que se realicen modificaciones a lo aprobado, por lo que pedirá que se convoquen a especialistas, ya que dijo que se necesitan “normas bien formuladas, bien pensadas”.
“Voy a proponer que discutamos el tema de la modificatoria o derogatoria de la ley 32108, hay que corregir básicamente el tema de los allanamientos que ha generado problemas, el tema del abogado defensor. Hay que recordar que, el allanamiento siempre se ha utilizado como una herramienta de manera sorpresiva con la finalidad de acopiar pruebas contra los delincuentes y aquí tiene que primar el interés colectivo”, declaró en Pasos Perdidos.
Días atrás, el parlamentario Jaime Quito Sarmiento, de la bancada Socialista, presentó un proyecto de ley para derogar la ley contra el crimen organizado, la cual adopta medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, pero que en la práctica debilito la herramienta de los allanamientos, beneficiando al crimen y debilitando la persecución del delito.
Polémica ley obliga que allanamientos se realicen con el investigado y su abogado
A inicios de julio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó —con 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones— el proyecto de ley que ordena que los allanamientos de inmuebles se ejecuten con la presencia de la persona investigada y su abogado. Con esto, la propuesta impulsada por el congresista Waldemar Cerrón, sigue su camino para ser aprobada por el Ejecutivo, a pesar de ser ampliamente criticada por su evidente beneficio a los criminales.
Antes de la emisión del voto, el legislador Américo Gonza Castillo (PL), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, srgumentó que el objetivo de la propuesta es impartir justicia.
“La justicia debe imponerse por encima de cualquier interés personal o de cualquier grupo, sobre todo de intereses ajenos a la voluntad general. Debemos tener normas acordes para que se sancione realmente al culpable y juzgar al criminal más no como se viene haciendo actualmente”, dijo el legislador.
El Proyecto de Ley N.° 5891/2023/CR, que modifica la Ley contra el Crimen Organizado, contiene diversos cambios que perjudicarían a la ciudadanía. De los 91 tipos penales que hay en total, se excluye a 59. Con ello, la tala ilegal, la estafa agravada, la venta de órganos, el enriquecimiento ilícito y el tráfico ilícito de migrantes ya no serían incluidos como delitos graves.
Lo que propone Cerrón es que los delitos que no tengan penas de cárcel mayores a seis años ya no sean considerados “graves”. De esta forma, las acciones ilícitas antes mencionadas evitarían un proceso judicial más riguroso.
También modifica el proceso de allanamiento de inmuebles o lugares cerrados que no estén relacionados con un flagrante delito. La iniciativa establece que este solo procederá si existen motivos razonables y suficientes pruebas que lo justifiquen. Además, este proceso deberá realizarse en presencia del interesado y su abogado.
En caso de que el interesado no cuente con abogado, se deberá proveer uno de oficio o, alternativamente, contactar al Colegio de Abogados local para que asista al imputado. De manera excepcional, el registro podría realizarse en presencia de un familiar adulto del interesado o, en su defecto, de dos testigos vecinos del lugar.
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