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Cuarenta años después de la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca, y tras 20 años de investigación, llega a su fin el proceso por autoría mediata contra miembros del Estado Mayor de la Marina a cargo de la base de Huanta en 1984. Ellos son sindicados del secuestro, tortura y ejecución extrajudicial de más de sesenta personas en dicha provincia ayacuchana. Mañana, a las 3 p.m., la sala dictará sentencia.
El 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) envió un informe al Ministerio Público para que se investiguen las numerosas denuncias de violaciones a derechos humanos presentadas entre julio y agosto de 1984 en Huanta. Desde entonces, a nivel fiscal y judicial, se han recibido cientos de testimonios y gran cantidad de pruebas documentales que confirman la responsabilidad de los efectivos de la Marina acantonados en el estadio de Huanta en violaciones a los derechos humanos, las que no pudieron actuar sin la anuencia de sus jefes. Así lo recalcaron los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL), Aprodeh y Paz y Esperanza, que representan a las víctimas, en sus alegatos finales.
En el caso de Ayala, el abogado de IDL, Juan José Quispe, remarcó que al ser corresponsal de La República en Huanta, el periodista enviaba información de lo que ocurría en la zona, como ataques senderistas y las denuncias contra los infantes de Marina. Ello lo convirtió en un blanco de los militares, que terminaron por desaparecerlo el 2 de agosto de 1984.
Los responsables
Durante el proceso declararon personas que lo vieron entrar a la base y no salir, otras que escucharon su nombre y de otro detenidos en el estadio, y el testimonio de un testigo reservado, miembro de la Marina, que relató a la CVR que Ayala fue torturado y asesinado, señalando como responsable al entonces jefe del destacamento de Huanta y La Mar, Álvaro Artaza Adrianzén, comandante Camión. Este oficial fue “secuestrado” en 1986, poco después que el Poder Judicial resolviera que la investigación que se había abierto en su contra debía verse en el fuero común y no en un tribunal militar, como pasó con otros casos. Diez años después se declaró su presunta muerte, y por lo tanto no figura en el actual proceso.
Quispe aclaró que, por la magnitud de lo ocurrido, Artaza no pudo actuar sin la anuencia de su superior, el jefe político militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano, uno de los actuales procesados.
En esa línea es importante la declaración del entonces fiscal de Huanta, Simón Palomino Vargas, quien contó que en una ocasión fue a la base a verificar la situación de unos detenidos, y le dispararon y gritaron que eran “terrucos”, y que tampoco le permitieron entrar cuando fue a verificar la situación del periodista de La República.
Ocultar información
El abogado remarcó también que desde el inicio la Marina intentó ocultar información sobre los oficiales destacados en Huanta, pues se abrieron investigaciones en el fuero militar por los crímenes de seis evangélicos de Callqui, y el hallazgo de las fosas de Pucayacu con 50 cuerpos con las manos atadas, vendas en los ojos y huellas de disparos en la cabeza. Por ese motivo no se contaba con los nombres de Rivero Valdeavellano ni del jefe de la base de Huanta en 1984, Augusto Gabilondo García del Barco, actualmente prófugo en España.
El abogado destacó que la información que envió la Marina a lo largo de los años estuvo incompleta, pues mandaba una especie de currículum en el que figuraba el nombre y cosas muy generales cuando fueron destacados a zonas de emergencia, y evitaron poner lugares precisos donde estuvieron.
Por ejemplo, en el listado que entregaron de personal en la zona, figuran los nombres de personas destacadas de forma general entre junio y agosto, y solo en el caso de Rivero Valdeavellano se precisa que fue del 15 de agosto al 4 de noviembre de 1984. O el caso del suboficial José Juan Vidal Sánchez, quien según la información enviada estuvo en la zona de emergencia en 1983, pero en su declaración señaló que estuvo también en 1984.
Rivero Valdeavellano y su defensa han negado que él haya sido el jefe político militar de Huanta y La Mar, y por tanto haya estado en esas localidades. Afirma que era el representante de la Marina (Repremar) y que estuvo en Huamanga. Sin embargo, en el juicio envió oficios en los que dicho oficial pidió constancia al jefe del comando político militar de Huanta, donde le señala que no existe el cargo de Repremar.
Mañana la Sala debe decidir primero si admite pedido de acusados de prescripción acogiéndose a la ley, promulgada por el Congreso, que establece el delito de lesa humanidad solo a partir de julio del 2002, más conocida como ley de impunidad.
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