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Un tribunal de Venezuela dictó el lunes orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, que reivindica su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que fue proclamado vencedor el actual mandatario Nicolás Maduro entre denuncias de fraude.
La fiscalía pidió que lo detengan por presuntos delitos vinculados a los comicios, incluyendo “desobediencia de leyes” y “conspiración”.
Estados Unidos -que desconoció igualmente el resultado- incautó más temprano un avión que era utilizado por el mandatario cuando pasaba por mantenimiento en República Dominicana.
“Es un paso importante para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su desgobierno de Venezuela”, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años, hasta 2031, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no publicó el detalle del escrutinio como obliga la ley. El resultado fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero desconocido no sólo por Washington, sino por la Unión Europea y varios países de América Latina.
La oposición liderada por María Corina Machado asegura que el triunfo de González se demuestra con las copias de más del 80% de las actas de votación que publicaron en un sitio web, que el chavismo desestima y asegura que se trata de documentos forjados.
Esa página es el foco de la investigación que llevó a la orden de arresto de González, de 75 años y en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio.
“Conspiración” y “sabotaje”
El Ministerio Público venezolano divulgó en su cuenta en Instagram una copia de la solicitud a un tribunal con competencia en terrorismo de la “orden de aprehensión en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia” por presuntos delitos relacionados con la elección, que incluyen también “usurpación de funciones” y “sabotaje”.
La orden de arresto -aprobada en minutos, según las publicaciones- sigue al desacato de tres llamados a González a declarar en la fiscalía como parte de una investigación penal en su contra.
No asistió. El diplomático argumentó hace días que el Ministerio Público actuaba como un “acusador político” que lo sometería a un proceso “sin garantías de independencia y del debido proceso”.
Maduro ha pedido cárcel para González y Machado, también en la clandestinidad. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
“Han perdido toda noción de la realidad”, escribió Machado en X. “Amenazando al presidente electo sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González”.
Edmundo González Urrutia es acusado por seis delitos. Foto: Ministerio Público de Venezuela
“Acción criminal”
El fiscal general estadounidense Merrick Garland explicó que el jet Dassault Falcon 900EX, siglas T7-ESPRT, ahora en Fort Lauderdale (Florida, sur), “fue adquirido ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches”.
Las autoridades sostienen que la transacción viola las sanciones impuestas al país por parte de Estados Unidos, que se endurecieron en 2019 tras la primera reelección de Maduro el año anterior.
“Esta no es una acción aislada”, protestó el ministerio venezolano de Relaciones Exteriores, que tachó la medida de “acción criminal” y un acto de “piratería”. “Forma parte de una escalada de acciones contra” el gobierno de Maduro.
El avión fue usado por Maduro cuando viajó a San Vicente y las Granadinas en diciembre pasado para una reunión por el conflicto fronterizo con Guyana, o días después cuando fue liberado Alex Saab, señalado de ser testaferro del presidente, en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.
El canciller dominicano, Roberto Álvarez, dijo que el decomiso se materializó cuando la aeronave pasaba por mantenimiento en Santo Domingo. “Ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado en el proceso de investigación”, indicó.
Venezuela dijo que las autoridades dominicanas eran “cómplices” de los “actos delincuenciales” de Estados Unidos.
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