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Las autoridades guatemaltecas investigan denuncias de posibles vejámenes a niños en la secta Lev Tahor, un grupo judío ultraortodoxo acusado también de matrimonios forzados y embarazos de adolescentes, dijo este lunes una funcionaria.
Con una orden judicial, las autoridades intentaron el viernes verificar el estado de los menores, pero los miembros de la comunidad restringieron el acceso a su finca situada en el municipio de Oratorio, unos 60 km al suroeste de la capital.
“Tenemos mucha preocupación de cuál es la situación que se está viviendo dentro de la comunidad”, señaló a la AFP Lucrecia Prera, jefa del área de niñez y adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, entidad que actúa como abogado del Estado guatemalteco.
“Hay denuncias que hacen referencia que sí hay matrimonios [forzados], que sí hay niñas embarazadas, que sí hay un maltrato dentro de la comunidad”, agregó Prera.
La Procuraduría busca constatar las denuncias recibidas, varias de ellas anónimas, contra este grupo que se asentó en Oratorio en 2014 tras ser expulsado de un pueblo indígena en 2014 por un choque cultural y de costumbres con los pobladores locales y pasar un tiempo en un edificio de la capital.
Resistencia” a verificación
Lev Tahor fue formada en los años 1980 y sus miembros, que visten túnicas oscuras y practican una versión ultraortodoxa del judaísmo, se establecieron en Guatemala en 2013.
El grupo califica como “persecución religiosa” las investigaciones en su contra y asegura que son propiciadas por Israel.
Aunque hay denuncias desde 2018, las últimas acciones fueron emprendidas por el caso de un adolescente extranjero que a principios de año “solicitó ayuda” para regresar a su país tras denunciar que fue obligado a casarse a los 13 años, detalló Prera.
“Existe esa resistencia a las autoridades de poder establecer qué es lo que está sucediendo”, agregó la funcionaria.
La Procuraduría estima que unos 100 menores viven en la comunidad que estaría conformada por unas 50 familias de Guatemala, Estados Unidos, Canadá y otros países.
Aunque el viernes pudo ingresar un juez y observó a 29 niños, “no podemos dar certeza si las denuncias [de abusos] son verdaderas o son falsas, ya que no se nos ha permitido realizar nuestro trabajo de la forma que corresponde”, apuntó Prera.
Las autoridades también buscan establecer las condiciones de salud de los menores por denuncias de posible desnutrición y si cuentan con documentos de identidad.
Intolerancia religiosa
Tras la diligencia del viernes, Lev Tahor acusó en la red social X a la Procuraduría de estar “llevando a cabo una campaña reprochable de persecución contra nuestra comunidad, motivada únicamente por intolerancia religiosa y discriminación”.
El grupo afirmó que es “imprescindible señalar la participación del Estado de Israel en la instigación de estas acciones”. “No podemos permitir que se continúe con esta persecución religiosa bajo la fachada de preocupaciones infundadas”.
Prera negó que la investigación constituya una “persecución religiosa” y expresó que se busca “velar por la protección integral” de los menores.
“Para nosotros es muy importante que las personas sepan que no es una persecución política, que no es una persecución religiosa, que nosotros lo que estamos buscando es velar por la protección integral de los derechos que le asisten a los niños, niñas y adolescentes dentro de la comunidad”, puntualizó la funcionaria.
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