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Hace algunos días, el Pleno del Congreso ratificó la aprobación de la reforma del sistema de pensiones impulsada por Fuerza Popular en la Comisión de Economía. Mientras su lideresa, Keiko Fujimori, asegura que esta norma “significa un gran avance” y defiende a ultranza la instauración de una pensión por consumo, otros especialistas advierten que esta reestructuración beneficia al modelo de las AFPs y no al grueso de la población.
Para la excongresista, Indira Huilca, “el fujimorismo miente de nuevo, ya que esta norma es un salvavidas a las Administradoras de Fondos de Pensiones para que siga lucrando con aportes, cobrando comisiones injustas y ofreciendo pensiones de miseria”. En entrevista con La República, aborda las implicancias de esta reforma previsional que incluye una pensión por consumo, eleva la edad de jubilación anticipada, restringe los retiros de fondos para menores de 40 años, entre otros aspectos.
–¿Qué opinión le merece la ratificación de la irregular segunda votación que convalidó la reforma de pensiones gestada por Fuerza Popular?
– Esta ha sido una norma que se ha aprobado, al menos, en el procedimiento, de forma muy cuestionable. No necesariamente está buscando el fin de una reforma previsional, sino lamentablemente de consolidar un modelo que la mayoría de ciudadanos ya ha sentido en carne propia y que no ha sido exitoso de ninguna forma: el sistema privado de pensiones basado en la gestión de las AFPs, que ha sido una promesa incumplida del fujimorismo y que fue importado al país en los años 90. Entonces, se está aprobando otra ley más para beneficiar a grupos económicos y no tanto a los ciudadanos.
-En un reciente video, usted señala que esta reforma de pensiones es una ley lobbysta a favor de las AFPs. ¿Podría explicar las razones que sustentan esta afirmación?
-Sí. En primer lugar, se están estableciendo medidas que lo que hacen es favorecer el control de las AFPs para mantenerse más tiempo con la gestión de los aportes. Por ejemplo, se ha eliminado el retiro del 95% de los fondos, que era la única alternativa que tenían los aportantes para poder contar con un capital con el cual sostener su vejez. Esto, sobre todo, va a regir de acuerdo a la ley, para los menores de 40 años. Una segunda decisión que se ha tomado en favor de las AFPs es postergar la edad del régimen de jubilación anticipada cinco años más.
–Keiko Fujimori y su bancada en el Congreso son los principales defensores de la pensión por consumo, que aseveran fomentará el ahorro previsional con el 1% de las compras que realicen los usuarios. ¿Cuál su opinión respecto a ello y si considera que esta pensión por consumo podría constituir una irresponsabilidad fiscal?
-Primero, describamos lo que la ley dice exactamente, más allá de cómo la quieren publicitar los fujimoristas. La ley señala que puede ser como forma complementaria a tu pensión, el poder generar este aporte del 1% de tus consumos del IGV con boleta electrónica. Entonces, esto sumaría a tu pensión o a tu cuenta de capitalización individual. Pero, ¿cuál es el marco o el límite de ese consumo? Se dice que hasta 8 UIT al mes, que son aproximadamente S/41.200.
Pongámonos en la situación real de nuestro país. Mucha gente, que en promedio gane un salario mínimo vital o un poco más de la RMV, pues consumirá al mes S/1.000, de repente. El 1% de esos S/1.000 son S/10, que es lo que va a poder sumar como gran innovación esta ley a tu Cuenta de Capitalización Individual. Entonces, lo que se está vendiendo es una expectativa falsa que no va a satisfacer la expectativa de poder ahorrar, sino que lo que estamos haciendo es que ese 1% que antes iba a las arcas del Estado, lo gestionen las AFP.
-En una anterior entrevista que realizamos a Pedro Francke, él aseguró que esta norma golpeará al modelo de la ONP, porque ahora “el Estado tendrá que asumir los errores de las AFP y dar más recursos para completar una pensión mínima”. ¿Coincide con esta afirmación?
-Sí, totalmente. Menciono dos aspectos más que la ley señala. El texto establece en adelante una pensión mínima de S/600 para aquellas personas que no hayan podido ahorrar lo suficiente. Todo este mecanismo que se está hoy día vendiendo como la “solución del ahorro por consumo”, en realidad va a ser cubierta por el Estado. Quienes critican que la ONP está desfinanciada y que el sistema público no es una opción, habría que decirles que acá también están buscando que sea el Estado el salvavidas de esta norma.
–Ahora, todo está listo para que el Congreso remita la autógrafa de ley al gobierno de Boluarte, que podría observar o publicar la norma. Valiéndonos de antecedentes con otras normas, ¿cuál considera que será la actitud del Ejecutivo respecto a este tema?
– Depende mucho del nivel de complicidad. La única opción para que este tema vuelva a debatirse al Parlamento sería que el Ejecutivo la observe en el plazo que corresponde, pero sabemos que este gobierno es subordinado a lo que dice el Congreso. Entonces, lo más probable es que la promulgue o que la deje pasar y de esta manera, sea el Congreso el que la promulgue porque también está dentro de sus competencias. En cualquier caso, esta ley debería ser también derogada si es que finalmente entra en vigencia.
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