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Gonzalo Castañeda, abogado de la comunidad campesina de Pumamarca, distrito de Tambobamba, provincia apurimeña de Cotabambas, informó que han presentado una solicitud al presidente del Congreso de la República y a representantes de Apurímac, entre ellos Elizabeth Taipe, para que se retome el proyecto de ley sobre amnistía en favor de cientos de comuneros de Cotabambas y Grau que intervinieron en protestas sociales contra la empresa minera Las Bambas S.A. y han terminado procesados.
Refirió que el pedido de los comuneros viene desde el 24 de abril del 2019, cuando en una mesa de diálogo se acordó la presentación al Congreso de un proyecto de ley de amnistía general para un gran número de comuneros denunciados y, también, el inicio de investigación por parte de OCMA a los jueces que los comuneros cuestionaban por posible favorecimiento a los intereses de la empresa minera. La propuesta legislativa, que contaba con el soporte legal y técnico del Ministerio de Justicia, fue entregada al Legislativo, donde decidieron archivarla.
Dijo que las comunidades están retomando dichos compromisos para impulsar esta ley y que el 7 de agosto de 2024 han vuelto a enviar los documentos a la presidencia del Congreso y a los parlamentarios de la región Apurímac pidiendo que se discuta el tema de la amnistía en razón a que no hay garantía de justicia imparcial.
“Y la prueba máxima está en lo siguiente: no hace poco el juez Andrés Avelino Flores, del Juzgado de Cotabambas, emitió una sentencia en contra de 11 líderes que fueron representantes en el paro del 2015, precisamente el juez que fue suspendido en el 2019 porque encontraron en su máquina escritos de la minera Las Bambas. Además, el fiscal de Cotabambas está solicitando pedido de prisión preventiva contra 17 comuneros de Pumamarca y dos abogados. Hasta a los abogados los están criminalizando de manera inconstitucional porque los abogados ejercen la defensa dentro de los márgenes que les permite la ley. Las comunidades de igual forma, hacen su protesta dentro de lo que ellos consideran su jurisdicción comunal”, señaló Gonzalo Castañeda.
Asimismo, mencionó que hay más de 300 comuneros denunciados y que el antecedente más cercado de una amnistía sucedió por la marcha de los cuatro suyos, en que se denunció a mucha gente pero después fue amnistiada en el gobierno de Valentín Paniagua.
“Creemos que esto puede prosperar porque tenemos las bases para que esto sea viable. Uno, se trata de delitos, entre comillas, que se han cometido por reclamos, no son ilícitos fuera de reclamos. Dos, ha crecido el número de denunciados, hoy se tiene más de 300, solo de los que estamos viendo. Además, en un momento tan crítico para el país, de convulsión social, de denuncias por derechos humanos que se están abriendo en las fiscalías contra el propio gobierno de Dina Boluarte, creemos que puede haber bancadas dentro del Congreso suficientemente sensibles ante esta situación”, consideró el abogado de la comunidad de Pumamarca.
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