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Una actitud negacionista tuvo la delegación del Estado peruano durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar denuncias sobre impunidad en las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno de 1980 a 2000.
El representante peruano ante la OEA, José Luis Sardón, inició su exposición afirmando que “no ha habido tal impunidad y tampoco hubo tal conflicto armado”. Sostuvo que lo que pasó en Perú fue una “embestida terroristas ante la cual el Perú se defendió mediante su policía y sus fuerzas armadas”, desconociendo así los informes de la CIDH y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sostuvo que Perú admite que en la lucha contra el terrorismo se produjo graves violaciones a derechos humanos, pero todas han sido sancionadas por el sistema de justicia, cuando aún hay muchos casos en proceso o investigación fiscal. Carlos Rivera, del IDL, aclaró que hasta el momento se han dictado 108 sentencias en el subsistema de derechos humanos, de las que el 40% fueron absolutorias, mientras que hay pendientes aún la búsqueda de 22 mil desaparecidos.
La comisionada Andrea Pochak aclaró que la audiencia es muy importante por el impacto que tiene en la región pues se advierte un mensaje muy negativo el retroceso en la búsqueda de justicia, verdad y reparación. Expresó su rechazo por la posición del Estado que deslizó que la denuncia de las organizaciones es tendenciosa o antidemocrática, y destacó que no hay democracia si no se sancione los crímenes de lesa humanidad del pasado.
“Hay estrecho vínculo que existen entre posturas negacionistas y políticas regresiva y debilitantes del Estado de derecho, y el caso de Perú lamentablemente lo esta demostrando, porque no solo hablamos de preocupaciones vinculada con la justicia, la memoria o reparación por crímenes de lesa humanidad, sino que la CIDH viene advirtiendo retrocesos en la vigencia de derechos humanos en el presente y en el Estado de derecho”, dijo.
Agregó: “Estamos escuchando que se niega que en Perú existió un conflicto armado, cuando lo han destacado la propia CIDH hace muchos años, organismos internacionales, y la justicia de Perú. El conflicto armado generó graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte de los grupos terroristas pero también por parte de las Fuerzas Armadas de Perú”.
Sobre crímenes de lesa humanidad
Pochak consultó a los representantes si el Ejecutivo observará la ley que limita la aplicación del delito de lesa humanidad, que va en contra de los fallos de la Corte IDH en sobre las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Les recordó que el Ejecutivo también debe hacer el control de convencionalidad. Los representantes del Estado señalaron que están evaluando la autógrafa que llegó al despacho presidencial.
El comisionado José Luis Caballero lamentó que el Congreso haya aprobado dicha norma, mientras que la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, recordó al Estado que de acuerdo al artículo 63 del reglamento de la Comisión, ningún Estado tomar represalias contra las personas que den su testimonio en una audiencia de la CIDH.
Derechos humanos en riesgo
El abogado Christian Huaylinos, de Aprodeh, remarcó que esta no es la primera vez que se realiza una audiencia para ver el contexto de las violaciones a derechos humanos y Estado de derecho, por lo que no se puede evaluar de forma aislada. Remarcó que se cumplen los requisitos para que en su próximo informe anual se incluya a Perú en el Capítulo 4D, junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, debido al incumplimiento sistemático del Estado en su obligación de combatir la impunidad.
David Velasco, abogado de Fedepaz, sostuvo que miles de personas sufrieron violaciones a derechos humanos entre 1980 y 2000, sin embargo, los juicios avanzan muy lento y la gran mayoría aún siguen esperando justicia y reparación, mientras que la mayoría de los responsables continúan sin ser sancionados. Recordó el caso de Alberto Fujimori, condenado por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, quien ha sido indultado y liberada desacatando los fallos de la Corte IDH.
Carlos Rivera, del IDL, informó que el 4 de julio el Congreso aprobó en segunda votación la conocida como “Ley de impunidad” porque impediría la sanción de los responsables de violaciones a derechos humanos, lo que implica un grave retroceso, pues afectaría más de 550 casos incluso en aquellos en que ya ha habido condena.
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