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El exdirector del Instituto de Defensa Legal (IDL), abogado y docente de la PUCP, Ernesto de la Jara, conversó con La República luego de que desde la Comisión de Constitución del Congreso aprobara el predictamen que busca la eliminación de la Junta Nacional de Justicia. A la espera de que pase al Pleno para que se debata esta propuesta de reforma constitucional, el analista político y experto en temas judiciales alerta de este nuevo golpe por parte del Legislativo.
—¿Cree que el Congreso apruebe este dictamen de reforma constitucional?
—Tal y como están yendo las cosas, quisiera que no, pero no lo descarto en absoluto, ya que es un objetivo que el Congreso tiene desde hace mucho tiempo: disolverlos. Indudablemente, habrá negociaciones. Deben arriesgarse a hacer algo que ya está repudiado internamente y también por organismos internacionales que han expresado su preocupación.
—¿Cuál es el objetivo de eliminar la Academia Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional de Justicia y nombrarla como la Escuela Nacional de la Magistratura? ¿Por qué habría la necesidad de cambiarla si tendrá la misma función de designar jueces y fiscales?
—La Junta Nacional de Justicia es elegida por una Comisión Especial cuya composición está mencionada en la Constitución y fue objeto de un referéndum. En esa Comisión se encuentran el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del TC, el contralor, dos representantes de las universidades públicas y privadas, y el defensor del Pueblo, quien la preside. Una vez elegidos, deben llevar a cabo un concurso público para seleccionar a los miembros de la JNJ. En este concurso se evalúa la idoneidad profesional y la trayectoria. Es un proceso mucho más democrático.
En cambio, ahora el Consejo Directivo de la ENM tendrá tres miembros: un representante de los jueces supremos, un representante de los fiscales supremos y solo un representante de los rectores de las universidades públicas. No incorporan a las privadas. Es un error por la misma razón que es un predictamen express.
No hay que caer en la trampa de pensar que esto es una discusión técnica o doctrinaria sobre la mejor manera de nombrar a jueces y fiscales, sino que es parte de un régimen que busca controlar todas las instituciones y que está promulgando normas a favor de la corrupción y el crimen organizado. Se perfila una dictadura, sostenida por sectores vinculados a la corrupción y a la violación de los derechos humanos. La opción de Echaíz es confusa y a largo plazo dejaría todo en el limbo.
—Usted, en su momento, estuvo a favor de la creación de la Junta Nacional de Justicia. Esta fue instalada para romper aquellas organizaciones mafiosas presentes en el sistema judicial allá por el 2019. El Senado pasaría a elegirlos. ¿Especialistas afirman que estaríamos ante una dictadura congresal?
El Congreso cada vez busca controlar todo el poder. No estamos hablando de tendencias políticas, sino de muchos congresistas que están vinculados a casos de corrupción. La ciudadanía habla de un pacto corrupto, al igual que en Guatemala, y es verdad, porque al mismo tiempo que están implementando todas estas medidas para controlar las instituciones, también están promoviendo un montón de medidas que favorecen al crimen organizado y a las violaciones de los derechos humanos. Es una dictadura y una vinculación con la corrupción de un Congreso con un 5% de aprobación.
—La congresista Gladys Echaíz, autora de este predictamen, dijo que aquellos jueces y fiscales que sean elegidos por el futuro Senado se llenarían de prestigio.
—Sorprende que una ex fiscal de la nación sea la que impulse medidas contra la independencia y el equilibrio de poderes y órganos constitucionales autónomos. Más bien, los jueces y fiscales que salgan —producto de un mecanismo que se ha adoptado para destruir a una institución debido a que esta destituyó a la fiscal que el Congreso controlaba, por haber ayudado a un familiar investigado por colaborar con narcotraficantes— no van a tener legitimidad inicial, sino todo lo contrario.
Hay que recordar que los suplentes de la Junta no quisieron convertirse en titulares como señal de protesta frente a las arbitrariedades de la junta. Además, la legitimidad de un operador de justicia está en función de su actuación. Por ejemplo, a ella, Echaíz, se le recuerda por no haber movido un dedo frente a los graves indicios de corrupción de Alan García y como congresista se le recordará como fuente de iniciativas absolutamente contrarias al Estado de derecho. De ella surgió también la primera propuesta para debilitar la colaboración eficaz.
—¿Cree que será difícil que nuestro país vuelva a la ruta democrática?
—Creo y confío, como ha ocurrido en otras oportunidades, en que la población se va a levantar. La gran mayoría del país está totalmente en contra del Congreso y del Gobierno; sin embargo, un temor generado por los casi 70 muertos en las protestas contra Dina Boluarte ha provocado una pasividad. En algún momento, este movimiento se va a activar de manera pacífica y se va a oponer a esto.”
Congreso buscaría restituir a Patricia Benavides ante una eventual eliminación de la JNJ
—Congresistas como Edgar Raymundo y Víctor Cutipa cuestionaron que esta convocatoria se haya dado de manera repentina. ¿Podría ser en respuesta a la destitución de Patricia Benavides?
—Evidentemente, tiene que ver con la destitución de Patricia Benavides. Todo lo hecho por el Congreso en contra de la Junta Nacional de Justicia ha sido para que regrese como fiscal de la Nación y, como no han podido, han seguido atacándolos. Esto se da después de innumerables acusaciones constitucionales e intentos de destitución inmediata (contra la JNJ). Todo esto ha sido parado por el Poder Judicial y esa es la razón por la que no ha prosperado, pero al final han acabado inhabilitando a dos de los siete miembros.
En primer lugar, no quieren a esta JNJ. En segundo lugar, quieren una figura mucho más controlada por el Senado. Obviamente, es parte del control total de las instituciones. Yo creo que existe un interés en que vuelva Patricia Benavides a través del futuro consejo directivo de la Escuela Nacional de la Magistratura. Esa carta no está cancelada. Legalmente, no pueden hacerlo, pero el Congreso lo va a intentar.
En términos generales, quieren controlar el nombramiento de jueces y fiscales, así como de los respectivos jefes de la ONPE y Reniec.
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