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Fuerza Popular y sus satélites lograron los votos en el Congreso para aprobar una nueva ley de amnistía, pero tal esfuerzo será insuficiente frente a los compromisos internacionales del Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reaccionó de manera inmediata y ha solicitado información al Estado peruano por esta decisión. El plazo otorgado para la respuesta es hasta el 12 de junio.
La Corte IDH cursó un escrito al embajador de Perú en Costa Rica, Carlos Hakansson, y al representante peruano ante la OEA, José Luis Sardón, y pide respuesta del Estado peruano, respecto de un requerimiento de medidas provisionales frente al avance del trámite parlamentario del proyecto de amnistía.
El requerimiento en mención fue presentado el viernes por los familiares de las víctimas de los casos Cantuta y Barrios Altos y la Corte IDH actuó de inmediato, al solicitar información al Estado peruano.
La nueva ley de amnistía será posible gracias a un proyecto presentado por el fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto (Renovación Popular).
El texto fue aprobado en primera votación el jueves y ahora solo falta una segunda votación. Lo siguiente será el envío a Palacio para la eventual promulgación por parte de Dina Boluarte.
Además de Fuerza Popular, las bancadas que votaron a favor de la ley de amnistía para los violadores de derechos humanos fueron Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Podemos Perú, Renovación Popular y el grupo Honor y Democracia.
El fujimorismo y SL
Gustavo Campos, representante de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), alertó que la ley impulsada y aprobada por Fuerza Popular beneficiará directamente a la cúpula de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).
“Está en inicio de investigación la masacre de Soras, de 1984, a manos de Sendero Luminoso, que también ha sido considerado como crimen de lesa humanidad para evitar la prescripción. Ese caso tendría que ser clausurado (archivado) con esa ley de amnistía”, explicó, en entrevista con el programa Voces del Sur, en la edición de Estación Wari (Ayacucho).
El especialista recordó que en el caso de la masacre de Lucanamarca, perpetrada por Sendero Luminoso, la sentencia establece fue un crimen de lesa humanidad y la ley del Congreso termina favoreciendo nuevamente a la cúpula terrorista.
Casos contra mujeres
Quien también se refirió al tema fue María Isabel Sedano, abogada especialista de DEMUS. En el programa Voces del Sur, en la edición de Pachamama Radio (Puno), alertó de dos casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos contra mujeres que podrían quedar en la impunidad.
Por un lado, el proceso por las violaciones de militares contra campesinas en Manta (Huancavelica) ya está para sentencia programada para el 19 de junio, pero la ley fujimorista podría beneficiar a los perpetradores de este grave delito.
En segundo lugar, el proceso judicial por las esterilizaciones forzadas podría paralizarse con esta ley, situación que puede beneficiar a los acusados Alberto Fujimori y Alejandro Aguinaga.
Reacciones
María Isabel Sedano, DEMUS
“(La ley de amnistía) es contraria a todas las normas de derechos humanos. Es contraria a la humanidad, que tanto ha luchado para que los crímenes puedan ser juzgados. Esta es una aberración jurídica”.
Gustavo Campos, Comisedh
“Está en inicio de investigación la masacre de Soras, de 1984, a manos de Sendero Luminoso, considerado como crimen de lesa humanidad. Ese caso tendría que ser clausurado con esa ley de amnistía”.
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