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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instó al gobierno de Dina Boluarte a presentar observaciones sobre la controvertida Ley de Amnistía, tras recibir una solicitud de medidas provisionales de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. El proyecto de ley 6951 fue aprobado el pasado 6 de junio.
El comunicado emitido por la Secretaría de la Corte IDH indica que la representación de las víctimas presentó un escrito en el que solicita que el Estado peruano suspenda de manera inmediata la tramitación legislativa de la mencionada ley, la cual podría implicar una violación a los estándares internacionales de derechos humanos relativos a crímenes de guerra, según los peticionarios.
Es por ello que la Corte IDH ha establecido un plazo hasta el 12 de junio de 2024 para que el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenten sus observaciones respecto a esta solicitud de medidas provisionales.
Comunicado Corte IDH. Foto: Corte IDH
La intervención de la Corte IDH subraya la tensión existente entre las medidas legislativas internas del Perú y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en casos que aún resuenan profundamente dentro de la sociedad peruana y la comunidad internacional.
Congreso aprueba “ley de amnistía” que da impunidad a militares que cometieron delitos de lesa humanidad
El proyecto de ley propuesto por Fuerza Popular y Renovación Popular fue aprobado en primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones. Esta iniciativa legislativa pretende declarar inaplicable el delito de lesa humanidad anterior al 2002, año en que entraron en vigor en Perú el Estatuto de Roma y la Convención contra Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
En marzo, la Comisión de Constitución aprobó la propuesta con el respaldo de 14 parlamentarios, mientras que representantes de Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático, Juntos por el Perú y Perú Bicentenario se opusieron.
Los congresistas que rechazan esta ley alegan que vulnera los derechos humanos y la justicia para las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad.
El proyecto original fue presentado el 1 de febrero de 2024 por Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y José Cueto, exmiembro de Renovación Popular, con el objetivo de que prescriban los procesos por crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos antes de 2002.
El 12 de marzo, la Comisión de Constitución dio luz verde al dictamen de ley con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. Las bancadas que se opusieron fueron Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático y Juntos por el Perú, y Perú Bicentenario.
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