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La elección de José Luis Sardón como nuevo representante peruano permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) supone la confirmación de una ofensiva conservadora que cuestiona la participación del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Así lo estimaron especialistas consultados.
Sardón ha declarado, de manera pública, que el Perú debería retirarse del SIDH. Lo dijo, por ejemplo, en el Congreso, en la Comisión de Relaciones Exteriores cuando se debatían proyectos que proponen la renuncia del Estado peruano a la Convención Americana. Afirmó en esa sesión: “La manera de proteger los derechos humanos no es con declaraciones y con cualquier forma de elección de los jueces que se encargan de eso. La manera es mucho más compleja, es diseñar, manejar bien un sistema de pesos y contrapesos entre poderes del Estado. Por todas esas razones yo creo de verdad que es necesario que el Perú se retire de este sistema. Ya suficientes humillaciones, me atrevería a decir, hemos recibido”.
Para el internacionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú Óscar Vidarte resulta “evidente que hay una ofensiva conservadora” que entiende al SIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como “órganos de izquierda, incluso comunistas” que “básicamente se dedican a atacar a las Fuerzas Armadas”. Según Vidarte, esta lectura ha encontrado, en el actual Gobierno, terreno fértil para ganar presencia.
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Señaló que estos sectores conservadores entienden que es el “escenario propicio” para posicionarse con personajes clave, desde el Canciller Javier González-Olaechea “que ha mencionado sus diferencias con la Corte y el sistema”.
“Nombrar a Sardón, que ha dicho que es indispensable salir de la competencia de la Corte y que incumplir sus fallos sobre Alberto Fujimori no causaría problemas, obviando que es una violación al derecho internacional, es una afrenta a nuestra participación en el sistema que ha sido importante, sobre todo teniendo en cuenta las fragilidades de nuestro sistema de justicia. El ámbito supranacional ayuda a suplir esas falencias”, consideró Vidarte.
Sardón ocupará la plaza dejada por el hoy premier Gustavo Adrianzén. A su vez, el actual titular de la PCM reemplazó a Harold Forsyth. La República buscó a este último para recoger sus impresiones sobre el nuevo representante peruano ante la OEA.
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Indicó que, con este nombramiento, el Gobierno de Dina Boluarte “ha cruzado un Rubicón” que tiene que ver con la obvia ultraderechización de la política exterior.
“El señor Sardón –no tengo nada personal contra él– tiene una posición política muy conocida y ha expresado en varias oportunidades, incluso en el Congreso, toda una argumentación para que el Perú se retire del sistema interamericano, de la Corte IDH. Por más que ayer el ministro de Justicia haya declarado que esa es una opinión, el hecho de la posición pública de Sardón es innegable, salvo que haya cambiado de un minuto a otro a raíz de su nombramiento”, sostuvo Forsyth.
El camino de Venezuela
Ambos expertos coincidieron, además, en que el Perú está transitando por un camino similar al que en su momento tomaron Venezuela y Nicaragua.
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De hecho, Vidarte advirtió que el objetivo final de estas fuerzas ultraconservadoras es retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte IDH. Consideró que, a la larga, ello traerá consecuencias con las relaciones con otros países o bloques, fuera de la afectación a personas que verán sus derechos violentados por el Estado y no tendrían a dónde recurrir. “Será un grave error, pero estamos camino a eso”, dijo.
Para Forsyth, la llegada de Sardón indica “un desprecio” por el SIDH y una “voluntad de prerrebeldía” ya no solo ante la Corte IDH sino ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “ante la cual el Perú se encuentra en muy mala posición”. “Con este tipo de decisión, el Perú sigue los pasos de Venezuela y Nicaragua que terminaron fuera de la Corte y de la propia OEA. En consecuencia, entramos en una zona de desprestigio severa”, afirmó.
El Perú y su deteriorada imagen
Cuando el premier Gustavo Adrianzén era el representante peruano ante la OEA, en una audiencia a propósito del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las personas asesinadas en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, responsabilizó a los manifestantes de lo ocurrido. “Nos quedamos sorprendidos. Actuaba menos como defensor del Estado peruano ante el sistema interamericano y más como abogado de Boluarte y Otárola”, recordó la politóloga Jo Marie Burt, presente en la sesión. Ahora la llegada de Sardón redobla la apuesta por esta posición ultraconservadora.
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