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La Fiscalía Suprema ha iniciado una controvertida investigación preliminar contra Gustavo Gorriti, reconocido director de IDL-Reporteros, lo que ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión y los derechos de los periodistas en el país.
Bajo la dirección del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, esta medida se percibe como un ataque directo al periodismo de investigación y genera alarma entre los defensores de la libertad de prensa.
La pesquisa se centra en la solicitud de información del teléfono de Gorriti, con indicaciones de pedir eventualmente el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Esta acción es vista como una violación al derecho fundamental de los periodistas de proteger sus fuentes, elemento esencial para el ejercicio de un periodismo libre e independiente.
Chinchay ha otorgado un plazo de cinco días para que Gorriti suministre detalles sobre el uso de su número telefónico entre el 2016 y 2021. Aquello marca un precedente preocupante en cuanto a la intervención en la labor periodística.
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Fiscalía: ¿por qué se le investiga al fundador de IDL-Reporteros?
Esta disposición judicial tiene un plazo estipulado de ocho meses para su ejecución e involucra también a figuras clave como Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, y al fiscal José Domingo Pérez.
El inicio de estas investigaciones se basa en testimonios proporcionados por Jaime Villanueva, quien mencionó a Gorriti en sus declaraciones durante las investigaciones a la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, y en una denuncia presentada por Luis Miguel Caya, militante aprista.
Las acusaciones contra Gorriti y su equipo se dividen en dos episodios específicos, denominados por la Fiscalía como el ‘Caso Cócteles’ y la cuestionada ‘permanencia de Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial Lava Jato’. Estas investigaciones parecen sustentarse únicamente en afirmaciones de Villanueva, las cuales han sido calificadas por IDL-Reporteros como falsas o distorsionadas.
La plataforma periodística ha respondido con informes que refutan estas alegaciones.
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Comunidad periodística advierte una continuidad de ataques contra los derechos humanos
Este escenario plantea serias interrogantes sobre la salud de la democracia y el Estado de derecho en Perú, especialmente en lo que respecta a la libertad de prensa. La comunidad periodística y organismos internacionales de derechos humanos han expresado su profunda preocupación por estas acciones al considerarlas un intento de intimidación y una estrategia para silenciar voces críticas.
Las acciones emprendidas por la Fiscalía Suprema de Perú contra Gustavo Gorriti y su equipo no solo ponen en riesgo su labor y seguridad personal, sino que también amenazan el derecho de la sociedad a estar informada: un aspecto crítico para el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción.
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