Alejandro Soto negoció con Patricia Benavides remoción de la JNJ, reveló Jaime Villanueva| Fiscalía | Jaime Villanueva | Caso Asesores en la sombra | Congreso | Política


El asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, ha confirmado a la Fiscalía que Alejandro Soto negoció con la exfiscal los casos que tenía en su contra a cambio de la remoción de la Junta Nacional de Justicia y la inhabilitación de Zoraida Ávalos, que estaba siendo debatido en el Congreso.

“…entonces lo que le dijimos a Patricia Benavides es: mira para nosotros incidir porque Patricia nos ordenó que veamos que logremos el tema de la inhabilitación de Zoraida y el tema de la remoción de la JNJ, entonces yo le digo amiga para lograr esto los congresistas están pidiendo a cambio en su gran mayoría que se les archive las investigaciones que hay en su contra, digo en su mayoría porque algunos otros pedian que se nombren fiscales, entonces le digo van a pedir, esa era la condicion, y le dijo vamos o no vamos,…”, confesó a las autoridades.

Como especifica el colaborador eficaz ante el Ministerio Público, al ser consultado por Alejandro Soto, este corroboró que el presidente del Congreso y la mayoría de congresistas apoyarían la sanción a Zoraida Ávalos y a la JNJ a cambio de que Patricia Benavides apoyara estos requerimientos.

Alejandro Soto: ¿qué investigaciones tiene en su contra el presidente del Congreso?

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, afiliado a Alianza para el Progreso, se halla en medio de múltiples investigaciones que cuestionan su integridad y ética profesional. A lo largo de sus primeros dos meses en el cargo, se le han acumulado hasta cinco indagaciones que cubren desde aspectos éticos hasta administrativos. Entre las acusaciones más graves se encuentran el supuesto plagio en sus trabajos de maestría y doctorado, así como prácticas dudosas en la gestión de su oficina parlamentaria.

La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar por una posible concusión, relacionada con la gestión de fondos destinados a la publicidad en redes sociales. Esta incluye la recolección de contribuciones “voluntarias” de su personal, fondos que presuntamente se utilizaron para amplificar publicaciones que favorecían su imagen y propuestas legislativas. Este caso suscita inquietudes acerca del manejo inapropiado de recursos y la potencial manipulación de la percepción pública.



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