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Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la ciudadanía peruana identifica dos actividades económicas ilegales como las más perjudiciales para el país: el narcotráfico y la minería ilegal. Esta última ha sido materia de un reciente debate público, debido a que un importante sector del Congreso tiene la intención de aprobar una norma que termina favoreciendo a los grupos que actúan al margen de la ley.
El presente estudio de opinión se hizo a través de entrevistas a 1.028 personas, en 154 provincias del país, entre el 19 y el 24 de enero. El margen de error es de ± 2.8 puntos.
De acuerdo con la encuesta, un 28% considera al narcotráfico como el principal problema, seguido de la minería ilegal (24%) y la trata de personas, que está muy cerca con un 23%.
Pero el resultado es más diferenciado, si observamos los detalles por Lima y regiones. Tal es así que la ciudadanía de la capital considera que la actividad económica que más afecta es la trata de personas, con un 29%.
En cambio, en las regiones, el primer lugar, en términos de preocupación, lo ocupa la minería ilegal, con un 24%.
Más en detalle, en el norte hay un 29% de personas que encuentra en la minería ilegal a la actividad más perjudicial. En el sur el porcentaje va en el orden del 27% y en el centro, 26%.
Estos porcentajes guardan relación con recientes hechos que han despertado una mayor preocupación, como lo ocurrido en Pataz (La Libertad), donde la criminalidad se ha hecho más notoria, en el marco de la minería ilegal.
Mientras tanto, en el sur, hay regiones que registran un incremento de la minería ilegal como Cusco, Puno o Arequipa, además de Madre de Dios, donde la situación es más crítica.
La agenda del Congreso
En contraste con la preocupación expresada por la ciudadanía, un sector mayoritario del Congreso se apresta a aprobar una nueva ley para extender por enésima vez el plazo para que los mineros informales puedan solicitar su inscripción ante el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera).
Si bien el registro es para quienes se dedican a la minería informal, especialistas en la materia, como el abogado ambientalista César Ipenza y el exviceministro de Gestión Ambiental José De Echave, han advertido en forma reiterada que los mineros ilegales aprovechan para solicitar su inscripción y así logran seguir operando bajo la fachada de “informales”.
La ampliación que pretende aprobar el Congreso ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Energía y Minas. Como en otros casos, bancadas de derecha e izquierda sumaron votos para algo que podría ser perjudicial para el país.
Hay votos a favor del fujimorismo (César Revilla y Jorge Morante), Perú Libre (Alfredo Pariona y Margot Palacios) y Alianza para el Progreso (Rosío Torres y Eduardo Salhuana). Se suman Avanza País, Acción Popular y otras pequeñas facciones de la izquierda.
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