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Este martes 7 de junio, la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País) solicitó, a través de un oficio enviado a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Rosio Torres, la priorización de la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte, a quien se le señala de haber ejercido como representante legal de la asociación privada Club Departamental Apurímac mientras cumplía labores dentro de la gestión pública.
En este sentido, la petición explícita realizada por la congresista es que se tome con carácter de urgencia el trámite de demanda interpuesto por su colega de bancada Norma Yarrow, con el fin de que pueda ser observado por el grupo de trabajo parlamentario durante la próxima sesión que tenga lugar.
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Según expresó Patricia Chirinos, el motivo por el cual pide la aceleración de este proceso es que contarían con los indicios necesarios para determinar que la vicepresidenta Boluarte no habría actuado de conformidad a la ley establecida en relación a las funciones y deberes de los miembros del Ejecutivo.
Oficio enviado por la congresista Patricia Chirinos. Foto: Twitter Martín Hidalgo
Cabe señalar que la semana pasada, el 1 de junio, la legisladora de Avanza País había decidido retirar su firma de la moción de interpelación que se había planteado presentar contra la también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), lo que dejó sin las firmas necesarias para llevar a cabo el debate en el Pleno de la iniciativa propulsada por el representante de Renovación Popular, Jorge Montoya.
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¿Qué dice la denuncia de Norma Yarrow?
Según estableció la congresista Yarrow en la denuncia realizada el pasado 24 de mayo, la vicepresidenta habría infringido específicamente tres artículos de la Constitución Política del Perú durante su permanencia dentro de Gobierno de Pedro Castillo.
En particular, en lo referente a la acusación relacionada con sus vínculos con la asociación privada Club Departamental Apurímac, la parlamentaria de Avanza País señaló que el accionar de Dina Boluarte habría ido en contra de lo estipulado en el artículo 126 de la Carta Magna, que prohíbe que los ministros sean “gestores de intereses propios o de terceros” o que puedan intervenir en la gestión de empresas o asociaciones privadas.
En caso las investigaciones posteriores hallaran responsabilidad por parte de Boluarte en las acciones de las cuales se le acusa, la también ministra podría ser sancionada con 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
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