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El abogado del presidente Pedro Castillo espera que el Juzgado de Investigación Preparatoria falle a favor de su patrocinado y ordene la anulación de la disposición fiscal con la que se incorporó al jefe de Estado a la investigación preliminar contra el exministro Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular. Adelanta que recurrirán a la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) en caso la jurisprudencia nacional se haya agotado.
— La Fiscalía ya desestimó su pedido para que se anule la investigación preliminar, ¿en qué se basó el Ministerio para rechazar su solicitud?
Básicamente, reafirmó la posición que ya había sostenido en la disposición final, en la que se establece que, si bien es cierto que el (artículo) 117 establece una coraza para proteger la investidura presidencial, cuando hay indicio de delitos de corrupción y organización criminal y para preservar las fuentes de prueba, entonces, debe abrirse investigación y revisarse todas las diligencias contra el Presidente.
— ¿Explicaron por qué se cambió la decisión de la exfiscal Zoraida Ávalos?
Claro, lo que dice como un argumento al margen es que —si bien el despacho de la Fiscalía de la Nación había establecido un criterio sobre la suspensión— ese criterio no se comparte, porque lo que generaría es que se pueda desaparecer la prueba. Utilizan básicamente esa expresión.
— Ahora irán por la tutela de derechos en el Poder Judicial, ¿esperan que esta instancia falle a su favor?
Espero que sí. En una audiencia que va a conocer todo el país —porque será una audiencia pública con debate contradictorio con mediación—, el juez va a escuchar a ambas partes y va a decidir si es que la Fiscalía de la Nación, conforme al (artículo) 117 del precepto constitucional, puede abrir una investigación contra el presidente y generar todo lo que esto puede posibilitar. Es decir, abrir la caja de Pandora: que al Presidente se le pueda pedir impedimento de salida del país, que se pueda montar en su contra videovigilancia, un agente encubierto, intervención en tiempo real de sus comunicaciones y todo lo que genera abrir una investigación contra una persona. Eso lo va a decidir el juez supremo.
— ¿En cuántos días se podría conocer la decisión del Poder Judicial sobre su tutela de derechos?
La tutela de derecho se caracteriza por su carácter sumario, un trámite rápido, breve y célere. El juez recibe el pedido y convoca a audiencia. Luego de audiencia, puede resolver en el acto o decidir su pronunciamiento para el día o dos días después. Una tutela debería resolverse en el acto y podría dictarse una resolución oral.
— ¿Cuánto demoraría este trámite?
Espero que esta semana tengamos la audiencia, sino la próxima. No creo que debería demorar más que eso.
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— Ya anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional en caso de que también la justicia desestime su pedido, ¿considera que esta actual composición del TC, que ha sido cuestionada por una tendencia que es mayormente conservadora, les dará la razón?
Lo anuncié porque se me preguntó qué acciones pueden seguir. Si en la tutela no encontramos la justicia, entonces el escenario era la justicia constitucional. Primera instancia.: juzgado constitucional; segunda, sala constitucional, y definitiva instancia, Tribunal Constitucional. La composición es importante, pero básicamente lo que lo que los tribunos tienen que hacer es respetar la Constitución, interpretar qué cosa dice el (artículo) 117 para que de acá en adelante no quede ninguna duda y se disipen todas estas interrogantes.
— En el peor de los escenarios para ustedes y que el TC falle en su contra, ¿buscarían la justicia supranacional?
Por supuesto, se abre la vía de poder ejercer nuestro derecho o plantear una medida cautelar ante el sistema Interamericano. Primero se plantea ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte.
— Mientras dure todo ese proceso pueden pasar unos meses, pero la citación al presidente está a la vuelta de la esquina. ¿Irá a declarar?
Estamos evaluando qué opción se va a seguir, qué escenario es el que se va a realizar, estamos en evaluación, todavía no lo hemos visto. (…) La Fiscalía, antes de investigar y luego llamar a declarar al investigado, ha hecho lo contrario: primero lo cita y luego lo investiga, lo cual es en realidad un sinsentido de la estrategia de investigación fiscal.
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La reprogramación es una opción, la otra opción es que el presidente vaya. La otra opción es que el fiscal de la Nación vaya a Palacio. La otra opción es el pliego interpelatorio interrogatorio. Muchas opciones, todavía no hemos definido.
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