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El último 3 de junio, el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva hizo una solicitud al ministerio que antes lideraba con el objetivo de que la entidad asuma los gastos de su defensa legal con respecto a las investigaciones que pesan en su contra por el Caso Tarata III y contratos millonarios en el MTC.
Silva envió un oficio a dicho ministerio para solicitar que se le desembolse el monto de 350.000 soles por el costo de los servicios de su abogado defensor. Ante ello, han surgido diversas dudas sobre la posibilidad de que el exministro afronte un caso de corrupción con una defensa asumida con dinero del Estado.
La petición del exfuncionario, ahora investigado por la Fiscalía de la Nación, fue hecha con base en el artículo 35 de la Ley 30057, más conocida como la ley de servicio civil, con la que se establece que el investigado puede “contar con la defensa y asesoría legal (…) con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales”.
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Silva se acogió al beneficio de esta ley teniendo en cuenta su condición de exfuncionario, ya que la norma precisa que esto se puede dar ”incluso habiendo culminado su mandato, así haya renunciado”. Así lo menciona también el especialista en gestión pública Vlado Castañeda, a quien se le consultó por este tema. Sin embargo, esta norma no viene sola.
La directiva de SERVIR ante el pedido de Juan Silva
Teniendo en cuenta el vacío que se podía generar con la Ley 30057, Servir emitió la Directiva_04-2015-SERVIR-GPGGSC, que regulaba el beneficio y generaba excepciones con el objetivo de que no se cometiera un abuso de la cobertura que pudiera proporcionar el Estado a sus funcionarios.
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En la norma se aclara que el beneficio de defensa será improcedente cuando “los hechos imputados no estén vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil”.
Teniendo en cuenta que los delitos que se le imputan a Silva fueron realizados presuntamente durante el ejercicio regular de sus funciones, esta sería una posible vía que podría tomar el MTC para denegar dicha solicitud.
Otros temas a tomar en cuenta en la solicitud de Silva
Según lo consultado al especialista Raúl Saco, catedrático en la Facultad de Derecho de la PUCP y especialista en derecho laboral, “en estos casos, la persona asume un compromiso de reembolso, es decir, si es que esto no prospera y se demuestra que uno es responsable, el monto se va a devolver, pero pregunto: ¿la persona está en condiciones de devolver? (…) ¿Le vamos a dar 350.000 soles, que no tenemos certeza de recuperar, en caso de ser declarado culpable?”.
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Cuando se le consultó por este tema al ex primer ministro y jurista Juan Jiménez Mayor, explicó que, “si se determina su culpabilidad, para ese momento ya debería haber escondido sus patrimonios, si tiene algún patrimonio”, lo que sería poco confiable para la entidad estatal.
Asimismo, existen cuestionamientos en torno al MTC —juez y parte dentro de la solicitud del Silva—, ya que, según Saco, “la propia entidad que está en tela de juicio es la que va a fiscalizar si le da o no le da el dinero que él está solicitando”.
El abogado consideró importante cuestionarse por qué Silva solicitó un monto tan alto como 350.000 soles, pues el pedido se puede prestar a suspicacias. Esta duda también fue compartida por Jiménez, quien cuestionó que un abogado —con los antecedentes como los que tiene la defensa de Silva— cobre un monto tan alto por sus honorarios.
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Ambos especialistas coincidieron en que una solicitud de esta naturaleza podría prestarse a favor del exministro investigado, teniendo en cuenta las últimas pruebas reveladas en su contra. “Eso podría esconder inclusive pagos ilegales”, aseveraron los juristas.
¿Qué puede determinar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones?
Dentro de las disposiciones que tomaría el MTC está la posibilidad de que se le habilite el pago, pero no del abogado que está presentando Silva, sino de uno de oficio, cuyo costo tendría un impacto menor para el Estado.
La solicitud podría ser aceptada o rechazada. Ahora todo queda en manos del actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, quien deberá decidir si Silva Villegas es o no merecedor de un último beneficio por parte del Estado peruano.
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