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El Pleno del Congreso debatió sobre las denuncias constitucionales contra el suspendido fiscal supremo Pedro Chávarry el último 1 de junio, pero el resultado fue el mismo de las veces anteriores: lo blindaron nuevamente, con 55 votos a favor, 26 en contra y seis abstenciones, ya que se necesitaban 66 votos. En este sentido, aprobaron una acusación constitucional en su contra, pero no admitieron su inhabilitación de la función pública por 10 años.
De esta manera, se vio la denuncia constitucional 137 y la denuncia constitucional 140, y se acordó denunciarlo constitucionalmente por los delitos de encubrimiento real y personal, en relación con los “actos de intromisión y obstaculización en la labor de investigación llevada a cabo por el Equipo Especial” contra Keiko Fujimori; el partido político de esta, Fuerza Popular, y otros cuando ejercía como fiscal de la nación.
Además, consideraron también “la participación del denunciado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos en el acto de “deslacrado” de la oficina de su entonces asesor Juan Manuel Castro Duarte”. Y, por último, incluyeron el apoyo que recibió Chávarry del partido político naranja y la excandidata presidencial fujimorista “para asumir y permanecer en el cargo de fiscal de la nación (20 de julio de 2018 al 9 de enero de 2019)”.
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Pedro Chávarry está involucrado principalmente en tres casos, por los cuales se le han abierto investigaciones penales y también acusaciones constitucionales: la denuncia por el deslacrado de oficinas fiscales, la separación de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, y la presunta relación que tendría con la red criminal que operaba en el Poder Judicial denominada Los Cuellos Blancos del Puerto.
Ingreso a oficinas lacradas del Ministerio Público
Pedro Chávarry ingresó a las oficinas del Ministerio Público, que estaban lacradas por el fiscal José Domingo Pérez porque contenían información sobre las investigaciones contra Keiko Fujimori. Por ello, el 15 de mayo del 2019 la entonces fiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra Chávarry por los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto, que fue votada el último miércoles de junio en el Parlamento como acumulada.
Vinculación con Los Cuellos Blancos del Puerto
El destituido fiscal también fue incluido por el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde en la investigación a la red Los Cuellos Blancos del Puerto, que en un inicio solo comprendía al ex juez supremo César Hinostroza y a los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
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Así, el 14 de octubre del 2019 se dispuso ampliar la investigación con base en las interceptaciones telefónicas, y en las declaraciones de colaboradores eficaces, los testigos protegidos, y los informes de las entonces fiscales del caso Cuellos Blancos, Rocío Sánchez y Sandra Castro.
Separación de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato
Cuando era fiscal de la nación, Pedro Chávarry decidió separar del Equipo Especial Lava Jato a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, el 31 de diciembre del 2018. Esto sucedió tras el pedido de ambos para denunciar a Chávarry por entorpecer la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Los fiscales también detectaron encubrimiento a la investigada lideresa de Fuerza Popular.
Por ello, el 18 noviembre 2019, la fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales solicitó al Poder Judicial 18 meses de suspensión preventiva de derechos contra el entonces magistrado, dado que representaba un gran peligro de obstrucción a la investigación del equipo especial y fue acusado de solicitar información sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, cuando, por su cargo, tendría que haberse mantenido al margen.
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