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El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, realizó una visita oficial a Perú entre los días 16 y 20 de mayo para ver la situación de la libertad de expresión en el país, tras lo cual presentó sus observaciones preliminares.
Durante esos días se reunió con el presidente Pedro Castillo, ministros de Estado, autoridades del Congreso y del Poder Judicial, así como representantes de diversas entidades, entre ellos del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Justicia, la directiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y también con periodistas y comunicadores.
Esta Oficina advirtió un grave deterioro del debate público, serias limitaciones cotidianas al trabajo de la prensa, un clima de violencia y hostilidad contra periodistas y medios de comunicación, así como intentos constantes de exclusión de los pensamientos distintos, incluso por medio de violencia física, por parte de grupos de derecha como el autodenominado ‘La Resistencia’.
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Todo ello, según fue informado, se habría agravado tras la campaña presidencial del año 2021, particularmente por la tensión acumulada entre la primera y la segunda vuelta del proceso electoral. Muestra de ello ha sido el hostigamiento contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y en particular contra su presidente, Jorge Luis Salas Arenas.
Indica que a casi un año de gobierno de Pedro Castillo, y en un contexto marcado por una profunda polarización política alentada por acusaciones no probadas de fraude electoral, se advierte una serie de patrones relacionados con serias amenazas a la libertad de expresión y a otros derechos conexos.
Otro elemento recurrente observado se relaciona con la opacidad, la falta de acceso a la información y el incremento de obstáculos para acceder a fuentes públicas por parte de periodistas, incluyendo el acceso a espacios físicos, a documentación oficial y a los mismos funcionarios. Agrega que fueron reiterados los planteamientos sobre lo que podría ser una situación de concentración de medios de comunicación, y de sus eventuales impactos en la libertad de expresión, particularmente, en la difusión de puntos de vista plurales.
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Llamado al Estado peruano
La Relatoría llama al Estado peruano y a sus instituciones a tomar medidas urgentes para poner fin a la creciente tensión con medios de comunicación y con periodistas, promoviendo un ambiente para el debate de ideas y el ejercicio del periodismo. La obligación estatal de garantizar la libertad de expresión significa crear condiciones para un debate público.
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