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Este 1 de junio, el pleno del Congreso decidió no admitir la inhabilitación para la función pública de Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación, durante 10 años. Solo 55 legisladores votaron a favor, 26 en contra y 6 abstenciones, por lo que no se pudo continuar con la iniciativa contra el exfuncionario.
Casi todos los parlamentarios que integran la bancada de Fuerza Popular decidieron no apoyar la medida. En ese sentido, se abstuvieron los congresistas fujimoristas que integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC): Ernesto Bustamante Donayre, Hernando Guerra-García, Héctor Ventura, Alejandro Aguinaga y Martha Moyano Delgado.
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Esta decisión puede estar fundamentada en la implicancia que tiene Fuerza Popular en la denuncia contra el exfiscal.
Según el informe de la SAC, Chávarry “ha violentado cuatro normas constitucionales, siendo que las conductas desplegadas por el denunciado son graves para la administración pública y para el sistema jurídico y político del país”.
Entre ellas destaca que Pedro Chávarry habría recibido apoyo del partido político de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, así como de la propia lideresa.
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“El apoyo del partido político Fuerza Popular y de la investigada Keiko Sofia Fujimori Higuchi al denunciado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos para asumir y permanecer en el cargo de fiscal de la Nación (20 de julio de 2018 al 9 de enero de 2019)”, se lee en el oficio.
Otro de los motivos es por “actos de intromisión y obstaculización en la labor de investigación, llevada a cabo por el ‘Equipo Especial’ contra Keiko Sofia Fujimori Higuchi, partido político Fuerza Popular y otros (Carpeta Nº 55-2017), por parte del denunciado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos en su condición de fiscal de la Nación”.
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Asimismo, el documento señala que Chávarry Vallejos habría participado “en el acto de ‘deslacrado’ de la oficina de su entonces asesor Juan Manuel Castro Duarte”.
Como se informó, el pleno del Congreso solo aprobó el informe final de la SAC con el que se acusa al exfiscal de la Nación por los presuntos delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y atentado contra la conservación e identidad de objeto.
Foto: Congreso
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