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Con 79 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones, el pleno del Congreso admitió la denuncia constitucional contra el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, presunto líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, quien se encuentra en España a la espera de su extradición al Perú.
De acuerdo con el informe presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento, que es presidido por la congresista de Alianza para el Progreso Rosio Torres, el exmagistrado es culpado de infringir los artículos 317, 385, 395, 398 y 400 del Código Penal mientras estuvo en el Poder Judicial. ¿De qué tratan estos delitos?
César Hinostroza: delitos por el que fue admitido la denuncia constitucional en el Congreso
El exjuez supremo César Hinostroza ha sido denunciado constitucionalmente por la presunta comisión de delitos de organización criminal (317), patrocinio ilegal (385), cohecho pasivo específico (395), cohecho activo (398) y tráfico de influencias agravado (400).
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Pleno admite denuncia constitucional contra César Hinostroza y otros. Foto: SAC.
Otros exmagistrados también fueron denunciados constitucionalmente
Justo a Hinostroza Pariachi, tres exmagistrados también fueron denunciados constitucionalmente por el Congreso. Se trata de Tomás Aladino Gálvez Villegas, ex fiscal supremo, y los exmiembros del otrora Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Atilio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites.
Al primero se le acusa de los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho activo y tráfico de influencias agravado. Al segundo, de infringir los artículos 317 y 398 del Código Penal. Por último, a Velásquez Benites de los mismos hechos que al otro exintegrante del CNM más el 385.
¿Cómo operaban Los Cuellos Blancos del Puerto?
De acuerdo con las investigaciones, Los Cuellos Blancos del Puerto era una organización criminal que operaba en todo el sistema de justicia. Aparentemente, estaba liderado por el juez supremo César Hinostroza Pariachi, quien influenciaba en las decisiones de los procesos judiciales. La red se extendió hasta la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Magistratura, esta última ahora desactivada.
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