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Frente a los destapes judiciales que complican la situación del presidente Pedro Castillo, hay varios caminos por donde la oposición congresal buscará concretar la destitución o inhabilitación del jefe de Estado.
Un primer punto es la cantidad de votos para la vacancia.
En los dos procesos de destitución presidencial en su contra, Castillo salió airoso debido a que el fujimorismo y sus aliados del Congreso no llegaron a los 87 votos que exige el reglamento. Una propuesta que asoma es reducir esa valla. Desde abril, el congresista de Avanza País Diego Bazán viene advirtiendo que presentará una iniciativa de ley para disminuir los votos requeridos para la vacancia.
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La segunda vía para arremeter contra el mandatario es a través de la Comisión de Fiscalización, presidida por el fujimorista Héctor Ventura. Para el 11 de junio esta comisión deberá presentar su informe final en el caso Sarratea. El expediente puede recomendar al Ministerio Público investigar una serie de delitos o un juicio político a Castillo para inhabilitarlo.
Las acusaciones constitucionales son el tercer camino. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), hasta la fecha, ha recibido ocho denuncias contra el jefe del Estado. Con el antejuicio político, la SAC puede recomendar a la Fiscalía investigar al presidente por determinados delitos, y si opta por el juicio político buscarán inhabilitarlo.
Fiscalización. Héctor Ventura, de Fuerza Popular, ve el caso Sarratea. Foto: difusión
Ayer, la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Gladys Echaíz explicó qué consecuencias le puede implicar a Castillo la decisión del MP de investigarlo por organización criminal en el caso Puente Tarata.
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“Si hay una investigación preliminar en la cual se llega a copiar datos o evidencias que permitan hacer una denuncia constitucional —el presidente tiene derecho a antejuicio político—, la estaría enviando al Congreso, que abriría la investigación y la complementaría. Si bien el Congreso no puede acusar al presidente, se puede extraer de ahí si existe una infracción constitucional para los efectos de hacer el juicio político o para los efectos del artículo 113 de la Constitución, que habla de la incapacidad moral permanente”, manifestó Echaíz.
La SAC es presidida por la congresista Rosío Torres, también de la bancada APP.
Rol. Rosío Torres dirige grupo de acusaciones constitucionales. Foto: difusión
El cuarto flanco es el sistema electoral. En dos semanas el Pleno del Congreso votará el informe de la Comisión Investigadora de las Elecciones 2021. El expediente, elaborado por el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, busca restar legitimidad a la asunción de Castillo como presidente.
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El segundo vicepresidente del Congreso y portavoz alterno de Podemos Perú, Enrique Wong, reconoció que aguardan que se aprueben las denuncias contra el presidente en la SAC. “Eso, por un lado y por el otro avanza la Comisión de Fiscalización. Hay la posibilidad de que se pueda presentar una suspensión a través del Pleno”, manifestó Wong ayer ante la prensa en los Pasos Perdidos.
Mientras tanto, el primer ministro Aníbal Torres realiza consejos descentralizados en los que aprovechan el espacio para minimizar las pesquisas contra el Gobierno. “Hay una denuncia contra el presidente Castillo sin ninguna prueba… El MP denuncia. El principio de presunción de inocencia se tiene que respetar. Están negociando con la justicia”, protestó.
No ponen las manos al fuego por Castillo
La congresista de Perú Libre María Agüero no defendió al presidente Pedro Castillo cuando fue consultada sobre la investigación que pesa contra él. “Yo soy militante de un partido político nacional, Perú Libre. Tenemos un ideario, y es con base en esto que nosotros actuamos, no con base en personas. No ponemos las manos al fuego por nada ni por nadie, sino por los ideales”, expresó.
Cabe recordar que, el último domingo, Margot Palacios, de Perú Libre, aseguró que en este partido sus congresistas ya no se consideran oficialistas.
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