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El Congreso ratificó el último martes 31 de mayo la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, tratado regional que entró en vigor en 2021 y que impulsa la defensa de los ambientalistas, los derechos medioambientales y los pueblos indígenas de América Latina.
Con 31 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones, el Senado aprobó la adhesión de Chile a este acuerdo que garantiza el acceso a la información y a la justicia, así como la participación pública en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, suscrito ya por 25 países y ratificado por 13, incluido Chile.
“Quiero decir que esta es una votación histórica. Como Gobierno y representación del estado de Chile estamos contentos, creemos que la ratificación sí es un hecho histórico porque Chile vuelve con fuerza al multilateralismo”, dijo la canciller Antonia Urrejola tras la votación.
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El 18 de marzo pasado, el presidente izquierdista Gabriel Boric suscribió el acuerdo, cumpliendo su promesa de campaña de incorporar al país a este tratado ambiental, y luego lo envió a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado la semana pasada.
El acuerdo introduce disposiciones específicas para proteger los derechos de los defensores de la naturaleza en América Latina y el Caribe, donde en 2020 ocurrieron “tres de cada cuatro asesinatos” de ambientalistas en el mundo, según la ONG Global Witness.
El acuerdo de Escazú, el primero de su tipo, también contempla la protección de la biodiversidad en momentos en que países como Chile revisan su modelo de desarrollo, enfrentados a graves problemas como una sequía prolongada y otros desafíos compartidos en una región que atraviesa graves consecuencias por el cambio climático.
“Quiero insistir en que este es un acuerdo de cooperación entre Estados, un acuerdo de cooperación de solidaridad frente a una grave crisis climática, ambiental y frente a la grave situación de las defensoras y defensores de derechos humanos”, señaló Urrejola.
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Resolver la crisis climática juntos
El 20 de abril se reunieron por primera vez los miembros del Acuerdo de Escazú en la sede de Santiago de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un organismo técnico de las Naciones Unidas, para diseñar soluciones que permitan enfrentar la crisis climática que golpea la región.
“Nadie puede resolver la crisis climática sola o solo. Aquí, o resolvemos la crisis juntos o simplemente no dejamos a nuestros hijos e hijas un planeta que sea habitable”, añadió el martes Maisa Rojas, ministra de Medioambiente de Chile.
En 2014, representantes de 24 países se reunieron en Santiago para negociar la creación del tratado. Chile y Costa Rica encabezaron una comisión para impulsarlo y en 2018 fue adoptado en la ciudad de Escazú, en Costa Rica. Finalmente entró en vigor en abril de 2021.
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Pero Chile no suscribió el acuerdo. El entonces presidente conservador Sebastián Piñera (2018-2022) lo consideró “ambiguo” e “impreciso” en las obligaciones.
El Gobierno de Piñera también argumentó que exponía al país a posibles demandas internacionales por razones ambientales, y abría la puerta a que Bolivia, que reclama una salida al mar a Chile, pudiera servirse del tratado para reivindicar este pedido.
Perú no aprueba el Acuerdo de Escazú
En 2020, la comisión congresal peruana determinó por 9 votos contra 3 que la ratificación se rechaza. El Parlamento manifestó que “afectaría la soberanía del país en materia de administración de justicia”.
Las autoridades nacionales señalaron que la legislación de Perú ya cuenta con disposiciones suficientes en materia ambiental.
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La analista política Karen López Tello cuestionó la decisión tomada por los congresistas peruanos dado que en el acuerdo “se precisa que no se busca restarle soberanía a ningún país”, sino lo todo contrario.
“Descalificar al Acuerdo de Escazú presentándolo como una herramienta que intenta afectar la soberanía del Perú es un juego de palabras que introducen ciertos sectores económicos del país que están acostumbrados a la falta de transparencia, a la ausencia de rendición de cuentas, al no acceso a la información pública, menos a la participación pública y acceso a la justicia, entre otros”, señaló a BBC Mundo la experta en gestión pública.
Con información de AFP.
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