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Luego de que la Contraloría emitiera un nuevo informe en el que dio cuenta que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, firmó como representante legal del Club Departamental Apurímac durante el periodo en el que viene siendo parte del Ejecutivo, el exalcalde de Lima Jorge Muñoz afirmó que ella sí se prestó para dichos trámites.
De esta manera, el exburgomaestre señaló que, en los documentos enviados a la comuna, la titular del Midis figura como presidenta del Club Apurímac. Además, mencionó que cuando se encontraban en eventos protocolares organizados por el Gobierno, ella aprovechaba para hablarle sobre temas del local.
“Hay una serie de documentos firmados por la señora Boluarte donde ella actúa como presidenta del Club Apurímac en estos 10 meses en que ella ha sido vicepresidenta y ministra”, manifestó a Willax TV.
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Asimismo, añadió que el club ya había sido notificado por emitir ruidos molestos y no cumplir las normativas de Defensa Civil, tal como lo señala el informe de Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima.
“En distintos momentos, ella ha firmado estos documentos. Yo mismo los he visto. Llamó varias veces al teléfono celular y a la alcaldía para solicitar citas. Cuando la veía en eventos protocolares del ejecutivo, también me hablaba de estas cosas”, añadió el exburgomaestre.
En esa línea, se mostró dispuesto a acudir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de declarar acerca de las acusaciones contra Boluarte, que fueron informadas por la Contraloría.
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Dina Boluarte habría cometido infracción constitucional
Nuevos documentos que comprobarían la falta que cometió la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y también segunda vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, han sido revelados en un informe de Contraloría, dado a conocer por Epicentro TV. Este reporte detalla que la titular del Midis firmó como representante legal del Club Departamental Apurímac en el 2022, cuando ya ejercía como ministra.
La Contraloría anteriormente, en otro informe, ya había advertido que la ministra estaba incurriendo en falta del artículo 126 de la Constitución Política, el cual expresa que “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
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