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La Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó ayer por 14 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones el dictamen del proyecto de ley 1726/2021-CR, que deja sin efecto el Decreto Supremo 001-2022-TR aprobado por el Ejecutivo, que evita la tercerización laboral en el núcleo del negocio.
La titular de la comisión, Silvia Monteza, argumentó que la norma decretada por la exministra de Trabajo Betssy Chávez atenta contra “la libertad de contratación, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa”.
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El citado decreto publicado en febrero de este año modifica diversos artículos del reglamento de la ley que regula los servicios de tercerización. Así, precisa que esta modalidad de contratación se debe aplicar solo a aquellas actividades que no forman parte de la actividad nuclear de la empresa.
En ese sentido, da un periodo de 180 días calendario, el cual vence el 23 agosto de este año, para que las organizaciones puedan adecuarse al nuevo reglamento. Tras este plazo, la Sunafil supervisará el cumplimiento de la ley.
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Efecto en contrataciones
Si bien aún se desconoce la fecha en la que se agende en el Pleno el dictamen que deja sin efecto el DS 001-2022, de avanzar la medida no afectaría a las contrataciones que se hicieron en los 180 días de adecuación del decreto, explicó Eric Castro, socio del área laboral de M&A.
“Dentro de ese plazo no se podían dar por terminadas las relaciones de trabajo, salvo para incorporarlas a las empresas contratantes”, remarcó.
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El laboralista indicó que el traslado de los empleados a la planilla de la empresa debería mantenerse, “salvo que en el contrato se haya incluido una condición resolutoria”. Es decir, que se haya especificado que, si en el futuro se da una condición que impida la contratación, se deja sin efecto el paso a planilla.
De acuerdo con Castro, otra condición que afectaría las contrataciones realizadas en estos meses es que “la norma emitida por el Congreso establezca que toda modificación que se haya implementado debería dejarse sin efecto”.
Si la medida logra avanzar, no afectaría las contrataciones hechas en los 180 días de adecuación el decreto 001-2022-TR. Foto: difusión
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Reforma laboral
Por su parte, el exministro de Trabajo Christian Sánchez destacó que el objetivo de la iniciativa del Legislativo es regresar a la redacción anterior de la ley y “permitir la tercerización en el núcleo esencial del negocio”.
No obstante, sostuvo que la propuesta del Ejecutivo “no estaba muy bien sustentada”. Pues no cuantificaba de manera objetiva su impacto en las empresas y los trabajadores.
Sánchez también comentó que la falta de consenso entre el Congreso y el Ejecutivo “pone en agenda un debate sobre la reforma laboral”. “Lo que observamos son marchas y contramarchas. Lo que se requiere es entrar al debate para una reforma laboral integral”, concluyó.
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Titular del MTPE defiende la norma
El ministro de Trabajo, Juan Lira, señaló que la norma ha sido impulsada desde el MTPE, a partir de una propuesta de los sindicatos.
“La norma ha sido impulsada por el ministerio (de Trabajo y Promoción del Empleo) y que ha sido sugerida por las organizaciones sindicales, que es la no aplicación de la tercerización en la actividad nuclear de la empresa”, declaró desde Loreto.
Asimismo, cuestionó que el dictamen de la Comisión de Economía no contó con la opinión técnica del MTPE. Además, señaló que el texto pasará por la Comisión de Trabajo.
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El dato
Iniciativa. El proyecto de ley en el que recae el dictamen de la Comisión de Economía pertenece a la congresista Norma Yarrow del grupo parlamentario Renovación Popular. Ministro Javier Arce confirma asistencia a sesión de la Comisión Agraria del Congreso Fue presentado el 12 de abril.
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