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Por primera vez en la historia del país un presidente de la República es investigado, sin suspensión, durante su mandato por presuntos cargos en el ejercicio de sus funciones. El viernes último, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la indagación preliminar que abrió el 5 de mayo en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y 6 congresistas de Acción Popular, e incluir al jefe del Estado.
El fiscal de la Nación señala que al mandatario Pedro Castillo se le investigará por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
Se trata del caso del favorecimiento por parte del organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Descentralizado, en beneficio de 3 constructoras chinas y 2 peruanas que obtuvieron 7 contratos por 814,5 millones de soles durante la gestión del exministro Silva.
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El hecho lo reveló la colaboradora eficaz Karelim López, quien señaló la existencia de una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que supuestamente estaba encabezada por el presidente Castillo desde Palacio de Gobierno.
En la anterior disposición del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, con la que inició la investigación contra Juan Silva y los 6 congresistas acciopopulistas, se mencionaba que estos no podrían haber actuado sin consentimiento del jefe del Estado.
La decisión de Pablo Sánchez se basa en los últimos indicios conocidos, como los audios que corresponderían a conversaciones entre el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el empresario y amigo de Castillo Zamir Villaverde. También contó con declaraciones de un segundo colaborador eficaz, de acuerdo con la disposición del fiscal de la Nación suscrita este viernes, documento al que tuvo acceso La República.
Decisión histórica. Sánchez dijo que se basó en presuntos graves actos y el poder del cargo presidencial. Foto: difusión
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De acuerdo con la versión del colaborador eficaz, durante la campaña electoral el sobrino del presidente Fray Vásquez Castillo le dijo a Zamir Villaverde que Juan Silva sería ministro de Transportes y Comunicaciones “porque era su paisano”.
Además, el sobrino le indicó al colaborador eficaz que requería conseguir un profesional para el cargo de director de Provías Descentralizado, ya que el jefe del Estado, por intermedio de Juan Silva, “tenía interés de designar a los funcionarios” de esa institución con el objetivo de “adjudicar obras a las empresas de provincias que habían apoyado la campaña”, incluyendo a otras.
Villaverde le habría indicado a Vásquez que Alcides Villafuerte era la persona para ser designada. Luego, Villafuerte fue nombrado como gerente de Obras de ese despacho. Villaverde habría recibido la llamada de Silva pidiéndole que atienda a un empresario llamado “Roger”, uno de los que habría financiado la campaña.
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También relató el colaborador eficaz que entre noviembre y diciembre del 2021 el exministro Juan Silva le solicitó S/ 50.000 a Zamir Villaverde, quien termina dándole el 4 de noviembre S/ 100.000 en el departamento del entonces ministro.
Y agregó que entre agosto y setiembre del 2021 Villaverde suministró a Juan Silva S/ 30.000, a pedido de este último un día antes. Y que cuando se concretó la entrega el entonces ministro Juan Silva le habría mencionado que ese dinero era para el presidente.
Por otro lado, en un informe de la fiscal Karla Zecenarro, en el que se basó el fiscal de la Nación para abrir investigación contra Pedro Castillo, se precisa la transcripción de una conversación que sería de Zamir Villaverde y Juan Altamirano, entonces asesor de Silva. En este audio se haría alusión a dos licitaciones de obras públicas del MTC, en las que dieron la buena pro a “empresas del club”.
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El interlocutor referido a Villaverde que necesitaba gestionar el cambio de funcionarios y “pueda agarrar los contratos”.
“Lo que estoy tratando es hacer una gestión”, dice y añade que esperaba el apoyo de Silva. Y que también había pedido a Fray Vásquez para hable con su tío Pedro Castillo.
El fiscal Pablo Sánchez consideró la necesidad de iniciar investigación preliminar por los graves hechos imputados y la importancia del cargo presidencial que “tendría la posibilidad cierta de destruir, modificar o alterar los elementos de prueba”, y “hacer uso de la violencia para amedrentar a los testigos o investigados”, conforme a la resolución que firmó y a la que tuvo acceso éste diario.
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“Es por ello que la investigación preliminar inmediata es fundamental (…), no pudiendo esperarse a que el presidente culmine su mandato”, explica el fiscal de la Nación.
El mismo viernes que el fiscal Pablo Sánchez emitió la resolución abriendo investigación contra Pedro Castillo, la defensa del jefe del Estado entregó las respuestas a las 61 preguntas que formuló por escrito la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire. Entre las interrogantes se encontraba el tema señalado sobre si Castillo si era líder de una organización criminal.
Las respuestas de Castillo fueron en su mayoría negativas, o simples, sin profundidad. Lo negó todo.
Investigado. Zamir Villaverde cumple prisión preventiva. Foto: difusión
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La nueva investigación al jefe del Estado se suma a otras 2 que abrió y suspendió la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Una es sobre la compra de biodiésel B100 por parte de Petroperú, y las presuntas irregularidades en los ascensos en las Fuerzas Armadas.
En esos casos, Ávalos reconoció la existencia de indicios que ameritan el inicio de la indagación, pero con base en la Constitución consideró que no se debía avanzar las diligencias contra el mandatario, pero sí contra otros involucrados.
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Movimiento en Palacio
El mandatario Pedro Castillo y sus abogados fueron notificados en la tarde del sábado sobre la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, un día después de suscrita la disposición.
Desde la mañana de ayer, Castillo se reunió con su abogado Eduardo Pachas, y en la tarde con otros de sus defensores legales.
En la mañana, la Defensoría del Pueblo destacó la importancia de la medida del fiscal Pablo Sánchez e instó a que avancen las indagaciones para que los hechos denunciados no queden impunes.
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Ya en la noche, el actual titular del MTC, Juan Barranzuela, negó algún Consejo de Ministros en esa noche, y sobre el caso del presidente, reiteró ser respetuoso del Estado de derecho.
“Las entidades que están obrando, actuando, tendrán que evaluar y, lógicamente, ser cuestionadas por los entes competentes, si es que no lo están haciendo”, dijo.
El abogado Benji Espinoza señaló que, tras conversar con el mandatario, se tomó la decisión de presentar pedir la nulidad de la disposición, así como una acción legal que sería una tutela de derechos, con la que se exigirá a un juez que no se vulneren los derechos del presidente. Y, si no obtienen una respuesta favorable, presentarían una demanda de amparo. “Consideramos que es una interpretación lesiva de la Constitución, errada, incorrecta, desde el punto de vista jurídico”, dijo.
Agregó que este lunes un asistente de su equipo se apersonará ante el despacho del fiscal Pablo Sánchez para posteriormente solicitar la carpeta indagatoria completa.
El letrado señala que el presidente Pedro Castillo ha reafirmado su inocencia ante todas las imputaciones en su contra.
Imputado. Silva sería uno de los presuntos cabecillas de red. Foto: difusión
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Reacciones
Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo
“Es contraria a la Constitución. El artículo 117 de manera implícita debe entenderse como proscripción de una investigación. Las investigaciones son un medio para alcanzar un fin. Es contra el principio pro homine”.
Luciano López, constitucionalista
“Me parece una excelente enmienda el haber ajustado a la interpretación más adecuada del artículo 117 que no impide la investigación preliminar. Sobre eventuales restricciones, es algo que se va a trabajar en el camino”.
César Azabache, penalista y exprocurador
“La cantidad de evidencia sobre Castillo justifica plenamente que haya introducido un segundo giro. La teoría, sin embargo, no está completa, en un tiempo más discutiremos si se pueden imponer restricciones al presidente”.
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Jura nuevo ministro de Trabajo
Pasada las 8.00 p. m., Juan Ramón Lira Loayza juró ante el mandatario como el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. En la breve ceremonia también participó su predecesora Betssy Chávez, congresista que tuvo que dejar el cargo tras ser la tercera ministra censurada por el Parlamento.
En la mañana de ayer, ambos se reunieron con Castillo en su despacho.
El nuevo ministro es abogado por la Universidad Privada de Tacna y desde diciembre del 2021 se desempeñaba como director general de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes fue secretario técnico del Consejo Regional de Tacna.
Prófugo. Fiscalía pidió prisión preventiva para Fray Vásquez. Foto: difusión
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Evolución fiscal de investigaciones a Castillo
4-1-2022: Zoraida Ávalos, entonces fiscal de la Nación, abrió investigación preliminar al presidente por dos casos, e inmediatamente suspendió las diligencias hasta julio 2026.
30-3-2021: Pablo Sánchez fue designado como fiscal de la Nación en su calidad de fiscal supremo titular más antiguo. Reemplazó a Ávalos, cuyo mandato concluyó un día antes.
5-5-2022: Fiscal inicia investigación preliminar contra Juan Silva por presunta organización criminal y a seis congresistas (‘Los Niños’) por supuesto tráfico de influencias agravado.
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25-5-2022: Pablo Sánchez solicita al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 36 meses contra el exministro y los seis legisladores de Acción Popular involucrados.
27-5-2022: Abogado de Pedro Castillo presenta respuestas al interrogatorio de la fiscal Luz Taquire. Sánchez dispone ampliar investigación, en la que incluye al presidente.
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