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Un juez de la Audiencia Nacional española admitió a trámite una denuncia contra el candidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro por haber integrado el grupo armado narcoparamilitar M-19, al que se unió cuando tenía tan solo 18 años. Entre los crímenes atribuidos a esta guerrilla, está el asesinato de un periodista que tendría nacionalidad española.
El juez Joaquín Gadea expone que, dado que la Fiscalía se ha opuesto a la admisión de la denuncia, “debe acordarse una inicial diligencia de investigación, en orden a ofrecer a los herederos de la víctima del secuestro, Fernando Gonzales Pacheco, la posibilidad de ejercer acciones penales”.
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También considera “importante” el magistrado “corroborar la nacionalidad española de Fernando Gonzales Pacheco”, ya que le atribuyen como lugar de nacimiento España, “por lo que es lógico pensar que ostentaría nacionalidad española de origen”.
Asimismo, el magistrado considera “esencial confirmar, con las autoridades competentes de la República de Colombia, que el denunciado, Gustavo Francisco Petro Francisco Urrego, no goce de estatuto de amnistía ni indulto y, especialmente, que no haya sido investigado, absuelto o condenado por los hechos de este procedimiento”.
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Según la denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional el pasado 18 de marzo, Petro, candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, habría incurrido en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio como integrante del grupo armado narcoparamilitar M-19.
Un grupo, relata el escrito, que durante al menos dos décadas (entre los años 70 y 80) “emplearon de manera sistemática e indiscriminada el secuestro de personas, así como la tortura y el asesinato” para “destruir” al ‘enemigo’, entre ellos, oponentes políticos, miembros de las fuerzas públicas, periodistas, empresarios, personal diplomático y altos funcionarios de los poderes públicos.
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Unos hechos por los que, según el denunciante, a Petro “jamás se le ha llamado a rendir cuentas ante la justicia”.
Con todos estos argumentos, observa el juez, “el denunciante trata de exponer que los hechos estarían en condiciones de enjuiciarse fuera de Colombia, al no haber sido investigados allí”.
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Esto, unido a la presunta nacionalidad española de una de las víctimas, le haría competente a la Audiencia Nacional para investigar dicho secuestro.
No obstante, el juez advierte que los delitos “de esta investigación solamente serían perseguibles en España, previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal”.
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